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El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, llevará la próxima semana al Consejo de Ministros un informe de progreso de los objetivos de la Agenda 2030 que apuesta por un sistema estatal de cuidados, reforzar la sanidad pública, fortalecer los derechos laborales y un plan de transición verde como ejes de la reconstrucción tras la crisis del coronavirus.

Fuentes del Gobierno han indicado que el Informe de Progreso sobre la implementación de la Agenda 2030 y la contribución de las administraciones autonómicas y locales en la aplicación de las denominadas políticas palanca, al que ha tenido acceso Efe, será presentado además por el también ministro de Derechos Sociales y Agencia 2030 ante la ONU.

El texto propone que los objetivo de desarrollo y sostenibilidad guíen la "reconstrucción" con una serie de propuestas para la implementación de la Agenda 2030 en España entre las que se encuentran universalizar la educación de 0 a 3 años, mejorar la progresividad fiscal y una 'reindustrialización verde'.

El refuerzo del sistema sanitario público, la construcción de un sistema estatal de cuidados, la transición ecológica y la protección y el fortalecimiento de los derechos laborales como "vía para avanzar en justicia social" son los ejes de las propuestas del informe, que aboga por políticas redistributivas "para no cronificar las situaciones de desigualdad y exclusión social".

El texto argumenta que, a diferencia de lo ocurrido en la crisis de 2008, España "ha demostrado que se puede salir de la crisis con la gente dentro y avanzando en el cumplimiento de la Agenda 2030".

Y reivindica medidas tomadas por el Ejecutivo durante la crisis del coronavirus como el refuerzo a la sanidad, los ERTE, la subida del salario mínimo, el establecimiento del Ingreso Mínimo Vital, la Ley orgánica de garantía de la libertad sexual o el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El informe incluye medidas que pretenden abordar tanto la dimensión social y económica y cuestiones esenciales como la pobreza, la desigualdad, el empleo, la exclusión social o las discriminaciones y violencias; así como un apartado medioambiental que aborda la situación de España frente a la emergencia climática y otros aspectos como las energías renovables o la protección de la biodiversidad.

Según recoge el informe, para luchar contra la pobreza y la desigualdad hacen falta "políticas redistributivas" que acompañen el crecimiento y desarrollo económico de España, que en 2018, tenía a 12,2 millones de personas en situación de riesgo de pobreza, un 26,1% de la población, y en el que el 29,5% de los niños, niñas y adolescentes se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social.

También alerta de la precariedad laboral, la desigualdad y la brecha salarial entre hombres y mujeres.

La crisis del coronavirus, argumenta el texto, ahondará en estos problemas y dejará también una huella social importante, además del retroceso del PIB, que, según la valoración del Gobierno, estará por encima del 9 % en 2020, con una caída brusca de la afiliación en la Seguridad Social y la destrucción de empleo.

En este sentido, según el informe, es preciso tener en cuenta el efecto mitigador de medidas como el Ingreso Mínimo Vital del que, conforme a las estimaciones realizadas por el Gobierno, podrían beneficiarse solo en este año un millón de hogares, en los que viven 2,3 millones de personas, con una inversión de recursos públicos que estará por encima de los 3.000 millones de euros.

El texto concluye que son necesarias más medidas, especialmente unas políticas públicas robustas de protección social en el esfuerzo de no dejar a nadie atrás, y mejorar los instrumentos de redistribución social de la riqueza, para lo cual resulta asimismo clave aumentar la progresividad y capacidad recaudatoria del sistema fiscal.