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El inspector Manuel Morocho continúa este viernes relatando al juez del caso Kitchen, sobre el presunto espionaje "parapolicial" a Luis Bárcenas, las presiones que dijo que sufrió cuando investigaba Gürtel y la caja b del PP, y las maniobras que hubo para apartarle del caso ofreciéndole puestos en embajadas o en la ONU.

Tras las revelaciones que hizo en su primera comparecencia el pasado martes en relación a sus superiores, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decidió imputar este jueves al exjefe de la UDEF José Luis Olivera, que aparecía ya en varias conversaciones con José Villarejo y también en las agendas intervenidas al excomisario en octubre de 2020.

Morocho, que ya denunció estas presiones en la comisión de investigación en el Congreso, apuntó en su declaración que el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, imputado en esta causa, estaría detrás de los intentos de apartarle de las citadas investigaciones por medio de Olivera.

Según su testimonio, Olivera le ofreció un puesto de agregado policial en la embajada de Lisboa durante un encuentro en el que dijo recibir una llamada del exministro. "Hola ministro. Sí, estoy con él", fueron las palabras de Olivera cuando ambos se reunieron en una cafetería y éste le ofreció ese destino, momento que situó en 2013, un mes ante de que arrancara la operación Kitchen, explicó.

Por contra, fuentes cercanas al exministro negaron esa llamada y recalcaron que su relación con Olivera fue "meramente profesional y escasísima".

El inspector relató que la presiones comenzaron antes de 2011 a raíz de que incluyese en uno de sus informes a Ignacio López del Hierro, marido de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal (ambos imputados en kitchen), porque éste era "amigo de Villarejo".

Asimismo Morocho señaló que Olivera, que también dirigió el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), le reclamó que le enviase los informes para que los pudiera valorar previamente a enviarse al juzgado, a lo que se negó.

Aún así sostuvo que sufrió presiones para "limar" ciertos informes y retirar datos y nombres.

También dijo que sintió que no podía fiarse de algunos policías y que cada vez que iba a la Audiencia Nacional se acababa enterando el director adjunto operativo, Eugenio Pino -también imputado en la causa-, quien en 2015 le adscribió a su unidad donde, según su versión, se le sobrecargó de trabajo mientras seguía con sus pesquisas sobre la supuesta caja b del PP.

Pese a todas esas presiones explicó que rechazó irse a Lisboa y a otros destinos, como un puesto en la ONU o alguna otra embajada, porque entendía que tenía un mandato con la investigación que estaba llevando a cabo.

Las agendas incautadas al excomisario José Manuel Villarejo guardan anotaciones en aquellas fechas con referencias a "MOROCHO-LISBOA", junto al apunte "CHISCO" (presuntamente, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, también imputado).