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El juez que ha investigado el caso Púnica, con Francisco Granados como principal imputado, ha puesto fin a la instrucción de cuatro de las nueve piezas que quedaban abiertas, si bien ha acordado seguir indagando en la presunta financiación irregular del PP de Madrid al menos tres meses más.

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón debía decidir qué hacía con las nueve líneas de investigación que quedaban abiertas de este famoso caso, que estalló a finales de octubre de 2014 con la detención del exconsejero madrileño Granados y casi una decena de alcaldes de municipios de la Comunidad.

Ante esta tesitura y con diversas peticiones por parte de algunas acusaciones para que prorrogase la instrucción, que venció ayer, jueves, el juez ha acordado extender las pesquisas de cinco piezas, y poner fin a la investigación de cuatro.

Una de las que seguirá viva, al menos tres meses más, hasta el 29 de octubre, es la de la supuesta financiación irregular del PP de Madrid, que mantiene como imputados, aparte de a Granados, a los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González, después de que el juez sacase de la causa a Cristina Cifuentes.

Por contra, el magistrado ha cerrado la investigación sobre la presunta contratación irregular de empresas vinculadas a la trama para la organización de las fiestas patronales de diversos municipios, unos hechos por los que han sido procesados Granados, el exsenador y exdiputado de la Asamblea de Madrid David Erguido (por su etapa como teniente de alcalde en el municipio de Algete) y otras trece personas, entre las que se encuentran varios exalcaldes.

También pone fin a la instrucción de las piezas 5, 6 y 10, al no haber pedido nadie la prórroga, excepto en la 10, en la que una acusación popular la reclamó para que se incorporara una diligencia relativa a un peritaje; el juez se ha limitado a pedir la ratificación judicial de los dos peritos que lo elaboraron.

La 5 se refiere a contratos menores de los ayuntamientos de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle con empresas de la trama, donde el juez ha cursado además una última diligencia que reclamó la Fiscalía: hacer un requerimiento al Ayuntamiento de Valdemoro respecto a una residencia de mayores sobre las certificaciones de obra correspondientes.

En la 6 se han investigado las presuntas comisiones que recibieron alcaldes de la Comunidad por adjudicar contratos de eficiencia energética a la empresa Cofely, filial de la compañía francesa GDF Suez. Exdirectivos de la empresa están imputados en relación a esos supuestos amaños.

Y en la 10, adjudicaciones en Denia, Valencia, y en localidades madrileñas como Valdemoro a empresas vinculadas a dos imputados.

Entre las piezas que seguirán instruyéndose, además de la de la financiación del PP de Madrid, está la número 4, donde se investigan supuestas irregularidades en operaciones urbanísticas de Valdemoro y un presunto delito de blanqueo; y la 8, sobre "hechos referentes a la etapa de Francisco Granados como consejero de la Comunidad de Madrid".

Ambas seguirán instruyéndose hasta el 29 de enero, al igual que la 11, sobre las presuntas comisiones que se sospecha pagó la empresa Alfedel a cambio de la gestión de varios colegios concertados en la Comunidad; y la 12, la más reciente, sobre un supuesto blanqueo de capitales que se habría cometido en el extranjero.

Sólo una pieza del caso Púnica ha sido juzgada, la relativa al chivatazo de un guardia civil a Granados en relación con la investigación, que acabó con una condena de dos años de prisión para ambos.

Fuera del ámbito de la Comunidad de Madrid, el caso también tiene una rama leonesa -con el expresidente de la Diputación Marcos Martínez procesado- y otra murciana -que motivó la caída del expresidente Pedro Antonio Sánchez, para quien se archivó la causa- en las que ya se ha dictado apertura de juicio oral.