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La Audiencia Nacional ha conseguido mantener siete causas de justicia universal tras la reforma de 2014 que la limitó, si bien la mayoría están sobreseídas al no haber podido ser puestos los investigados a disposición de la Justicia y solo una tiene visos de ser resuelta al estar pendiente de juicio.

Se trata de la causa por el asesinato de cinco religiosos españoles en El Salvador en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría, único de la quincena de procedimientos de justicia universal que había antes del cambio en la ley que sigue realmente vivo.

De todas ellas, seis consiguieron mantenerse -el asesinato del diplomático español Carmelo Soria en Chile, el genocidio en Ruanda, el de Guatemala, y dos sobre el conflicto del Sáhara-, pero la mayoría están sobreseídas de manera provisional y solo revivirán de desplazarse a España los procesados, han informado a Efe fuentes jurídicas.

El resto -el asesinato en Irak de José Couso, el genocidio en el Tibet, la persecución en China a seguidores de Falung Gong, Guantánamo, los vuelos de la CIA, el ataque a la flotilla de la libertad que se dirigía a Palestina o el caso contra guardias de las SS por el Holocausto- quedaron archivadas definitivamente.

El principal motivo para la reforma fueron los conflictos diplomáticos que generaron las causas que afectaban a China y para zanjarlos el Gobierno de Rajoy optó por recortar el alcance del artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula esa figura jurídica.

La ley que favoreció el hito de la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 había sufrido ya en 2009 un recorte, que la restringió a los casos con víctimas españolas, situación a la que ahora el Ministerio de Justicia planea volver.

Tras la reforma, criticada desde ámbitos judiciales por causar desamparo a españoles víctimas de delitos en el extranjero, solo se pudo abrir una nueva causa de justicia universal por delitos de terrorismo en 2015, la referida al asalto a una religiosa española a manos del grupo terrorista Boko Haram.

Este procedimiento, que también está archivado, lo impulsó la ministra de Justicia Dolores Delgado en su labor como fiscal al pedir la admisión de una querella por estos hechos del despacho de abogados del exjuez Baltasar Garzón, reconocido defensor de la justicia universal tras convertirse en el azote de Pinochet.

El delito de terrorismo fue determinante para conseguir la apertura de esa nueva causa, como ya lo había sido para salvar la del asesinato de Ellacuría, que se inició en 2008 y en la que el pasado año se obtuvo la extradición desde Estados Unidos del excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano.

Otros dos casos -el asalto a la embajada española en Guatemala en el que murieron tres españoles, y el asesinato de Carmelo Soria, español con doble nacionalidad asesinado en Chile en 1976- consiguieron sortear el cierre tras ser calificadas como terrorismo.

En la reforma de la justicia universal se hacía diferencia entre unos delitos y otros, de manera que solo en el caso de terrorismo y de trata de seres humanos es suficiente con que la víctima sea española para que los jueces españoles puedan actuar.

En el delito de terrorismo se apoyó también el juez Eloy Velasco, para admitir en 2017 una querella de una mujer de nacionalidad española contra el régimen sirio por la muerte en Siria de su hermano, pero la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional revocó esta decisión al encuadrar los hechos en un delito de crímenes de lesa humanidad y no de terrorismo.

Otras dos causas sobre la represión en el Sáhara consiguieron sobrevivir al abandonar la vía de la jurisdicción universal y optar por el principio de territorialidad con el argumento de que cuando ocurrieron los hechos, en los 70 y 80, era territorio español. No obstante, ante la dificultad de localizar a los querellados, ambas causas están también durmientes.

Un procedimiento algo más latente es el del genocidio en Ruanda. Hace algo más de un año, la Audiencia Nacional ordenó reabrir la causa contra el general ruandés Faustin Kayumba Nyamwasa por delitos de lesa humanidad en Ruanda y Congo, donde cuatro millones de personas, entre ellas nueve españoles, fueron asesinadas en los noventa.

El caso fue abierto en 2005, pero la Audiencia Nacional lo archivó, en contra del criterio de la Fiscalía, en virtud de la reforma de la justicia universal.

Tras determinar el Supremo que ese archivo debía ser provisional y no definitivo, las acusaciones pidieron su reapertura y el juez instructor, Fernando Andreu, volvió a pedir la extradición de Nyamwasa que ya planteó en 2010 a Sudáfrica, país que reconoció al procesado como refugiado.

Desde entonces no ha obtenido contestación, ni tampoco de la comisión rogatoria enviada a un país africano dónde vive un testigo protegido al que las acusaciones han pedido interrogar.

Por tanto de esas siete causas que han permanecido, la del asesinato de Ellacuría es la única que podrá quedar resuelta con el juicio en España al excoronel Montano, en prisión preventiva desde su extradición hace ya casi un año.