EFEBarcelona

La Audiencia de Barcelona ha confirmado el procesamiento de 29 empresarios y cargos del Govern acusados de participar en los preparativos del 1-O, por los delitos de malversación, desobediencia, falsedad documental y prevaricación, sin ampliar las imputaciones, como pretendía la Fiscalía.

En un auto, la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona rechaza los recursos contra el auto en el que el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona procesó a 29 cargos del Govern por participar en la organización y la logística del 1-O, desde la propaganda del referéndum al reclutamiento de los voluntarios y observadores internacionales o la impresión y reparto del material electoral.

Entre los procesados, que ahora quedan a un paso del juicio, figuran la presidenta de la CCMA, Núria Llorach, los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicenç Sanchis y Saül Gordillo, respectivamente, el que fuera director de la delegación del Govern ante la UE Amadeu Altafaj, el exsecretario general del Diplocat Albert Royo, y la exinterventora de la Generalitat Rosa Vidal.

La sala ratifica además el archivo de la causa contra otras 19 personas que estuvieron imputadas y rechaza la petición de la Fiscalía de ampliar los delitos imputables a los encausados -entre ellos, el de revelación de secretos- y sumar a otra procesada, la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

Asimismo, la Audiencia ha desestimado las peticiones de la defensas para que se archivara el caso a sus clientes, con el argumento de que en este momento procesal "no es cometido del tribunal proceder nuevamente a la revisión de las resoluciones dictadas en fase de instrucción".

Por el contrario, la sala ha admitido la petición de la Abogacía del Estado de que se vuelva a citar a declarar a los 29 encausados, para preguntarles por unos hechos relacionados con tres resoluciones del Tribunal Constitucional que no estaban incluidas en la causa cuando se les comunicó su procesamiento, por lo que no se les pudo interrogar por ello.

De esa forma, queda procesado por malversación y prevaricación Antoni Molons, secretario de Comunicación del Govern, y el exsecretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia Joaquim Nin por esos dos delitos, más el de desobediencia.

El director de Comunicación del Govern, Jaume Clotet, figura como procesado por malversación, igual que Josep Ginesta, ex secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, y los investigados David Palanques y David Franco, responsables del área TIC del Departamento de Trabajo.

Por malversación y desobediencia está procesado Francesc Sutrias, director general de Patrimonio del Departamento de Vicepresidencia, mientras que Aleix Villatoro, secretario general de Relaciones Institucionales y Exterior, lo es por esos dos delitos más el de prevaricación.

A Amadeu Altafaj se le procesa por malversación y prevaricación, y a Albert Royo, por malversación y falsedad documental.

Natàlia Garriga, directora de servicios integrada en la Secretaría General de Vicepresidencia durante el 1-O, y Rosa Maria Rodríguez, directora de servicio de T-Systems, han sido procesadas por malversación, y Pablo Raventós, exdirector general de la extinta Unipost, por los delitos de malversación y desobediencia.

A Francesc Fàbregas, administrador de "El Vallenc", se le procesa por malversación y desobediencia, y solo por un delito de malversación a Josué Sallent, exdirector de Estrategia e Innovación del CTTI, y a Xavier Puig, responsable del área TIC del Departamento de Acción Exterior.

La exinterventora general de la Generalitat Rosa Vidal está procesada por los delitos de malversación, falsedad documental y desobediencia.

Únicamente por desobediencia están procesados Llorach, Sanchis y Gordillo, así como Frederic Udina, exdirector del IDESCAT, Martí Patxot, exdirector de marqueting de la CCMA, y Mercedes Martínez, responsable de las obras de una nave que debía servir de centro de recogida de datos del 1-O.

También se procesa por desobediencia a Joan Manel Gómez, jefe de Riesgos del Centro de Seguridad de la Información del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña, y a Josep Masolivé, trabajador de Fundació.cat.

A Marta Garsaball, que figuraba como autorizada en una cuenta bancaria en Bruselas cuyo titular era la Delegación del Gobierno de la Generalitat, se la procesa por los delitos de malversación, desobediencia, falsedad documental y prevaricación.

Por malversación, desobediencia y prevaricación son procesados Manuel Manonelles, responsable de la delegación del Govern en Ginebra durante el 1-O, Ignasi Genovès, director general de Medios de Comunicación de la Generalitat, y la exdirectora de servicios de Departamento de Presidencia Teresa Prohias.