EFEBarcelona

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha enviado una instrucción a los fiscales de Cataluña para que citen como investigados a los alcaldes que han firmado un decreto para ceder locales para celebrar el 1-O, con la advertencia de que si no comparecen serán detenidos.

La CUP ya ha anunciado que su treintena de alcaldes no acudirán, al tiempo que la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM) han convocado un acto de protesta el sábado en la plaza de Sant Jaume de Barcelona.

En el pulso por los preparativos del referéndum, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, la Guardia Civil ha cerrado por orden judicial la web oficial del 1-O, aunque poco después el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha difundido en Twitter dominios alternativos para acceder al contenido de la página.

Maza, en un oficio dirigido a los fiscales jefes provinciales, pide que, a la vista del número de municipios afectados, se dé preferencia en la apertura de diligencias de investigación a aquellos que tengan más población y, en caso de no comparecer, ha pedido a los Mossos d'Esquadra que los detengan.

La instrucción adjunta la relación de los 712 ayuntamientos que, según la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), han firmado decretos para poner a disposición del gobierno de la Generalitat los locales necesarios para llevar a cabo el referéndum convocado para el próximo 1 de octubre.

El oficio recuerda que, en una carta firmada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, se ha contactado con todos los ayuntamientos de Cataluña "exigiendo que pongan locales a disposición del referéndum ilegal" e insiste en que cualquier conducta de las "autoridades" que facilite el 1-O puede constituir delito.

En el caso de que el alcalde citado no comparezca a declarar, la instrucción indica que se deberá acordar su detención y oficiar "a los Mossos d'Esquadra como policía judicial" para que la lleven a cabo "en el plazo más breve posible".

Además, las fiscalías provinciales de Cataluña han ordenado a las policías locales de los ayuntamientos que investiguen cualquier actuación encaminada a "organizar el referéndum ilegal" y que intervengan "las urnas, sobres electorales" y otros elementos destinados a preparar la consulta.

La AMI ya ha anunciado la convocatoria de una concentración de alcaldes con su vara consistorial, para este sábado al mediodía en la plaza Sant Jaume de Barcelona, frente al Palau de la Generalitat.

De momento, la CUP ya ha anunciado que su treintena de alcaldes no irán a declarar voluntariamente a los juzgados por firmar el decreto de cesión de colegios electorales para el 1-O, mientras que sigue el goteo de alcaldes de otras fuerzas independentistas que han advertido de que no piensan atender la citación.

Uno de los alcaldes de la CUP, el de Argentona (Barcelona), Eudald Calvo, ha publicado en Twitter un vídeo en el que se ve cómo "archiva la advertencia del Gobierno" pasándola por una trituradora de papeles, y lo mismo ha hecho el alcalde de Ametlla de Mar (Tarragona), Jordi Gaseni, de ERC.

PDeCAT, ERC, Unidos Podemos, Compromís, PNV y Bildu han registrado en el Congreso una petición de comparecencia de Maza, para que explique su decisión de ordenar que se impute a los alcaldes catalanes que cedan espacios para el 1-O.

Precisamente desde el Congreso el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que es imposible dialogar sobre algo "manifiestamente ilegal" y ha pedido a los ciudadanos catalanes que sean citados para una mesa ante el referéndum del 1-O que no acudan a esa llamada.

"Si a alguien se le cita para acudir a una mesa electoral, que no vaya, porque no puede haber referéndum y sería un acto absolutamente ilegal", ha subrayado Rajoy.

Por otra parte, la consellera de Enseñanza, Clara Ponsati, ha destituido al presidente del consejo de dirección del Consorcio de Educación de Barcelona, Lluís Baulenas, y ha asumido sus funciones, a pocos días del 1-O y en medio de la polémica sobre la cesión de locales de votación en la capital catalana.

Mientras tanto, JxSí y la CUP han pedido a la Mesa que aplace el pleno del Parlament de la semana próxima para no interferir en los actos en defensa del 1-O que tienen previsto llevar a cabo a partir del viernes pese a la suspensión de la convocatoria decretada por el Tribunal Constitucional.