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La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que no hay delito en las expresiones contra el rey y la Monarquía del vicepresidente catalán y coordinador de ERC, Pere Aragonès; la portavoz de BNG, Ana Pontón; y la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y ha acordado archivar las diligencias.

El ministerio público decidió incoar diligencias a raíz de un "escrito-denuncia" de la asociación Concordia Real Española, que llevó ante la Fiscalía varias expresiones de estos líderes políticos al considerar que podrían constituir un supuesto delito de injurias a la Corona.

Pero la Fiscalía ha examinado los hechos y ha considerado que éstos se enmarcan dentro de la libertad de expresión y la crítica, por lo que ha decidido archivar las diligencias, según ha adelantado El Confidencial y han confirmado a Efe fuentes jurídicas.

La asociación llevó a la Fiscalía expresiones como "los Borbones son una organización criminal" o "la Monarquía sólo puede ser corrupta por definición", pronunciadas por el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, el pasado 18 de julio.

"No hay incienso ni botafumeiro que tape la podredumbre de la Casa Real y no vamos a parar hasta que juzguen a los Borbones por ladrones y por corrupción" son expresiones de Ana Pontón que también denunció la asociación; así como otras de la presidenta del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, en las que decía que "la Monarquía es corrupta hasta el tuétano", o llamaba "ladrón" a Juan Carlos I y a Felipe VI.

La Fiscalía cree que tras estas expresiones no hubo "ánimo de injuriar, sino de criticar", y que "no está suficientemente acreditada la comisión del delito" de injurias a la Corona.

Se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal Constitucional (TC) para concluir que "no ha resultado debidamente justificada la perpetración" del delito de injurias, según los escritos de archivo, dictados el 11 de agosto y a los que ha tenido acceso Efe este viernes.

Recuerda la Fiscalía que el TEDH ya dijo que "la crítica política, incluso hiriente y ofensiva del Rey y del sistema monárquico, está amparada en la libertad de expresión, siempre que se efectúe dentro" del respeto a "su reputación como persona", sin "cuestionar" su vida privada ni suponer "un ataque gratuito" hacia él.

Para el ministerio público, las expresiones de los tres líderes políticos no perseguían "injuriar o atacar la honorabilidad" del rey "en su ámbito personal y privado" sino que "reprochan y cuestionan" el modelo de Monarquía constitucional y aluden a la responsabilidad institucional como jefe y símbolo del aparato del Estado; "todo ello en un agrio y rechazable ejercicio de la crítica política".