EFEPalma

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) Felisa Vidal ha propuesto abrir el procedimiento para llevar a juicio al juez del caso Cursach, Miguel Florit, por varios presuntos delitos cometidos al ordenar la requisa de móviles de periodistas y el control de sus comunicaciones.

En un auto dictado este miércoles, la instructora de la causa estima que existen indicios suficientes para procesar al juez por los presuntos delitos de prevaricación, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio al secreto profesional del periodistas y por la interceptación ilegal de comunicaciones.

El TSJIB ha investigado a Florit a raíz de la denuncia presentada por los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou, por sus empresas, Diario de Mallorca y Europa Press, y por la Agencia EFE, cuyas comunicaciones fueron controladas por la Policía a instancias del juez para tratar de revelar la fuente de una noticia relativa al caso Cursach.

La magistrada instructora, que además de los perjudicados aceptó la personación como acusación popular de la Asociación de Medios de la Información (AMI), considera que debe determinarse en un juicio si el juez prevaricó al adoptar medidas restrictivas del derecho fundamental de los periodistas al secreto profesional y a la inviolabilidad de sus comunicaciones "sin las necesarias garantías legales".

La instructora analiza los autos del juez instructor del caso Cursach de los que se derivaron el control policial de las llamadas de teléfono desde sus móviles privados y el posicionamiento de tres periodistas y de las comunicaciones desde las sedes de sus empresas y concluye que son resoluciones injustas por falta de fundamento.

Del primero de esos autos, de septiembre de 2018, que supuso la solicitud a las compañías telefónicas de listados de las llamadas de Blanca Pou y Kiko Mestre, la magistrada considera que carece de justificación y señala que podía haberse adoptado respecto a los sospechosos de las filtraciones, policías que investigaban la presunta trama corrupta en torno al empresario Bartolomé Cursach, en lugar de a "terceras personas que no tienen la condición de autores o partícipes del delito investigado".

"Estas terceras personas titulares de las líneas telefónicas cuyo registro de llamadas y datos de tráfico y asociados se investiga, tienen la condición de periodistas y de agencias de noticias, lo que determina que están protegidos por el secreto profesional, lo cual obligaba a que la adopción de la medida tuviera que ponderar más parámetros que si el destinatario de la injerencia no estuviese amparado por tal derecho, exigiendo un criterio más restrictivo", resuelve.

Precisa además que ni siquiera puede considerarse que los periodistas se beneficiaran personalmente del delito que pudieran suponer las filtraciones, puesto que "la información tiene que calificarse como un bien colectivo que beneficia a la sociedad".

"La protección de fuentes periodísticas es uno de los pilares de la libertad de prensa", señala la instructora, para quien, "desde el punto de vista del interés público, entre la persecución del delito de revelación de secretos y el derecho a la ocultación de las fuentes, debe primar este último".

Respecto al auto de octubre, que amplió el control de los teléfonos de Pou, Mestre y Europa Press a una redactora de EFE y a la propia delegación de la agencia en Baleares y ordenó a EFE la entrega de un informe policial, la magistrada reitera sus consideraciones y apunta que en el texto el juez plantea expresamente que estas intervenciones buscan determinar la fuente informativa que los periodistas tienen derecho a preservar.

En cuanto en la resolución con la que Florit ordenó la requisa de los móviles de los periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press, el registro de sus oficinas y la incautación de ordenadores, la magistrada del TSJIB indica que ese material no puede considerarse mero instrumento del delito y reseña que es una injerencia más grave que las anteriores porque permite el acceso al contenido de las comunicaciones.

Añade que cuando se dictó esa orden ya "existían indicios fundados contra los presuntos autores de los delitos investigados", por lo que considera que las medidas adoptadas excedieron "los límites legales establecidos para la investigación de los delitos" vulnerando "derechos fundamentales" de personas que ni siquiera estaban investigadas.

Aunque no quedó probado que los policías que ejecutaron la incautación accedieran a teléfonos móviles y ordenadores, el auto puede ser igualmente prevaricador, puesto que ese delito "se consuma con el mero dictado de la resolución", expone la instructora.

Matiza la magistrada que la anulación de la orden de requisa del material de los periodistas pudo frustrar un delito de mayor gravedad, al que "deberá valorarse", y puntualiza también que en fase de juicio deberá determinarse cómo se pondera la presunta prevaricación dada "la falta de desarrollo legislativo de la regulación del derecho al secreto profesional".

Apunta asimismo que los delitos contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del derecho profesional y por interceptación ilegal de comunicaciones podrían quedar absorbidos por el de prevaricación.

Contra el auto, que abre un plazo de diez días a las partes para pedir la apertura de juicio o el sobreseimiento, caben recursos de reforma y apelación.