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La confrontación política que semana a semana se va adueñando de la crisis sanitaria ha subido este martes otro peldaño, impulsada por la investigación judicial sobre el 8M y su posible incidencia en los contagios y la destitución por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, que hizo el informe para esa investigación, a la que ha seguido la dimisión del número dos del instituto armado, Laurentino Ceña.

La oposición pide la renuncia de Marlaska, sobre todo después de que el ministro haya desvinculado el cese de la investigación judicial, tras anunciar un plan de reestructuración y una subida salarial de 240 millones a guardias civiles y policías, vinculada a su equiparación con los agentes autonómicos.

En medio de este tornado político-judicial, las autoridades sanitarias siguen revisando datos y rectificando series, lo que induce a una cierta perplejidad. Este martes se han notificado 35 muertes con fecha de defunción de la última semana, 194 contagios y una nueva corrección del número de fallecimientos, en este caso al alza, con 283 más que ayer.

El Gobierno, que ha decretado diez días de luto que comenzarán mañana para honrar a los fallecidos por el covid-19, no renuncia a una sexta prórroga del estado de alarma, que hoy ha llegado a su jornada 73, aunque sólo lo hará si previamente se asegura la mayoría, que tanto le ha costado reunir en las dos ocasiones anteriores.

GRANDE-MARLASKA

Pedro Sánchez y sus ministros deben capear de nuevo otra tormenta, como hicieron -tras ajustar posiciones- después del polémico pacto con EH Bildu para derogar la reforma laboral, y no da la impresión de que se limiten a guarecerse, visto el paso adelante de Marlaska, que ha comparecido como si todo estuviera programado y lo ocurrido fuera mera coincidencia, incluido el anuncio del pago pendiente de 240 millones de la equiparación salarial de policías y guardias civiles con los agentes autonómicos.

A renglón seguido, el titular de Interior ha desvinculado la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos del informe judicial sobre las manifestaciones del 8M y el brote de coronavirus, que han llevado a la jueza Carmen Rodríguez Medel a citar como imputado al Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

La titular del juzgado número 51 de Madrid, que lleva el caso, ha advertido en una carta remitida a Interior que adoptará medidas si descubre que el cese es una intromisión en una investigación de la que forma parte el informe de la Guardia Civil que, con algunos errores e imprecisiones, concluye que a partir del 5 de marzo no debió celebrarse ninguna manifestación y que las autoridades sanitarias tenían un "profundo conocimiento" de los riesgos.

La destitución de De los Cobos ha propiciado la dimisión del Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, que será sustituido por Pablo Salas Moreno, cambio que Marlaska ha dicho que estaba previsto, puesto que el dimitido se jubilaba a principios de junio, y que forma parte de la renovación de los cargos de confianza y el impulso de un nuevo proyecto, que incluye la inversión de 600 millones en infraestructuras policiales.

El PP, Ciudadanos y Vox ha pedido la dimisión “inmediata” de Marlaska, justo la víspera de que comiencen los diez días de un luto oficial, que el líder popular viene reclamado desde hace muchas semanas y que Sánchez ha retrasado hasta que todas las comunidades estuvieran en la fase 1 de la desescalada.

VAIVENES ESTADÍSTICOS

El nuevo método de conteo del Ministerio de Sanidad, que ayer rebajó en 1.900 la cifra total de fallecidos, sigue suscitando controversia y dificulta, al romper nuevamente la serie histórica, una lectura pormenorizada de la evolución diaria de la epidemia, que en líneas generales y en palabras del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, presenta una situación epidemiológica "muy buena".

El informe de Sanidad de este martes reporta 35 fallecidos en los últimos siete días, casi la mitad de ellos en Cataluña (9) y Madrid (6); 194 casos diagnosticados con fecha de ayer (115 en Cataluña y 43 en Madrid); y 256 hospitalizaciones y 12 ingresos en UCI con fecha de la última semana. El número total de contagios es de 236.259 y el de muertos, 27.117, vuelve a ser corregido, en esta ocasión al alza (283 más)

Ante el aluvión de críticas, Simón ha justificado el cambio de criterio destacando que permite "valorar de forma más correcta la situación actual" y detectar de forma precoz posibles rebrotes, y ha advertido de que, pasado ya lo peor de la epidemia, el reajuste en las cifras de fallecidos continuará "durante algunos días" porque se están revisando casos antiguos que no tenían asignada fecha de defunción y otros que no estaban confirmados con una prueba PCR, que son los únicos que incluye el Ministerio.

Un dato positivo en medio de ese desorden estadístico es que cinco comunidades han reportado 0 contagiados con fecha de ayer y cuatro han notificado únicamente 1 o 2, cifras que reflejan claros avances en el control de la epidemia en algunos territorios, en un momento en el que la flexibilización de los plazos de desescalada forma parte de la agenda del Gobierno.

INFORMES TÉCNICOS

Sanidad publicó a última hora del lunes, como se comprometió a hacer una vez que todas las comunidades alcanzaran la fase 1, los informes técnicos con los que se permitió o se denegó avanzar en la desescalada y en los que se valoró especialmente la capacidad para practicar pruebas PCR a casos sospechosos y la implementación de sistemas de detección precoz y rastreo de contactos para aislar posibles focos.

La Comunidad de Madrid, que recurrió ante el Tribunal Supremo la doble negativa del Gobierno para que pasara a fase 1, mantiene su tesis de que Sanidad actuó por razones políticas y no aplicó "criterios homogéneos", al igual que Andalucía, que ha vuelto a pedir que Málaga y Granada progresen a la fase 2 y que ha acusado al Ejecutivo de no estar guiándose por motivos sanitarios.

Entretanto, el Gobierno estudia fórmulas para agilizar el final del desconfinamiento, con el objetivo de reactivar el sector turístico a partir del 1 de julio y, según ha avanzado hoy la vicepresidenta Carmen Calvo, pedirá al Congreso una sexta y última prórroga del estado de alarma si tiene garantizada la mayoría. En caso de no obtener los votos necesarios, el Ejecutivo prepara un decreto ley para ordenar el final de la desescalada con las medidas "mínimas posibles". EFE

Jc/jdm

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