EFEBarcelona

Una juez de Barcelona ha dejado a las puertas de juicio a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral que el Parlament designó para el 1-O por los delitos de desobediencia y usurpación de funciones, aunque ha descartado que cometieran malversación de caudales públicos.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha dictado un auto en el que da por cerrada la investigación sobre los cinco síndicos y ha emplazado a las partes a presentar sus escritos de acusación, si así lo creen oportuno, al apreciar indicios suficientes para enviarlos a juicio.

La causa contra los síndicos del 1-O se abrió a raíz de una querella de la Fiscalía de Barcelona contra los miembros de ese órgano de control electoral, quienes días antes del referéndum presentaron su renuncia ante el Tribunal Constitucional, después de que éste les multara con 12.000 euros diarios si no cesaban en sus funciones.

El ministerio público acusaba en su querella a los miembros de la Sindicatura, a los que el Parlament otorgó funciones análogas a una Junta Electoral, de los delitos de usurpación de funciones, desobediencia y malversación de caudales, pero la juez, en virtud de un informe de la Guardia Civil, ha descartado que gastaran fondos públicos en los escasos días en que desempeñaron su cargo.

De hecho, la magistrada ordenó a la Guardia Civil que investigara si se pagaron con fondos públicos los desplazamientos de los síndicos a una reunión a la que acudieron en el Parlament para darles directrices sobre sus funciones -lo que fue corroborado por los letrados de la cámara en su declaración como testigos-, en algunos casos desde fuera de Barcelona.

En un oficio remitido a la juez el pasado 9 de mayo, al que ha tenido acceso Efe, la Guardia Civil concluye que en las investigaciones llevadas a cabo por el instituto armado "no se ha detectado presupuesto alguno ni gastos efectuados por la Sindicatura electoral".

En su auto, al que ha tenido acceso Efe, la juez sostiene que los miembros de la Sindicatura -Marc Marsal, Jordi Matas, Marta Alsina, Tania Verge y Josep Pagès- desobedecieron "de forma consciente y voluntaria las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional" para suspender los preparativos del referéndum independentista.

Según la magistrada, el TC ordenó notificar a los síndicos su deber de "impedir o paralizar" cualquier iniciativa que supusiera eludir la suspensión del 1-O y les advirtió de que debían abstenerse de "proceder al nombramiento de los miembros de las sindicaturas electorales de demarcación".

La juez sostiene que las notificaciones personales del auto del TC "se intentaron entregar a todos los síndicos, con resultados negativos, al no poder ser localizados por los servicios de notificaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y por los juzgados de guardia de sus respectivos municipios".

Según la juez, si no se les localizó "fue porque los propios síndicos hoy investigados hicieron lo posible para que así fuera y siguieron trabajando en el desarrollo del referéndum de autodeterminación a pesar de tener conocimiento de que la ley que lo amparaba estaba suspendida", puesto que era "público y notorio".

La Fiscalía, que ahora deberá presentar un escrito ante la juez con las penas que solicite para los cinco investigados, los acusa en su querella de un delito de desobediencia por haber aprobado un acuerdo para nombrar a los vocales titulares de las sindicaturas electorales de las demarcaciones de Aran, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, cuando el 1-O había sido ya suspendido por el Tribunal Constitucional.

Según el ministerio público, los síndicos publicaron en la web del referéndum ese acuerdo y otro que regulaba el proceso de acreditación para las organizaciones interesadas en participar en el referéndum del 1-O.

En su declaración como investigados ante la juez, los cinco miembros de la Sindicatura Electoral se acogieron a su derecho a no contestar a la Fiscalía y, a preguntas de su defensa, alegaron que disolvieron el órgano en cuanto el Tribunal Constitucional acordó sancionarles si no cesaban en sus funciones.