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La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprueba este lunes el dictamen de la ley de Memoria Democrática, el último paso que afronta la norma antes de su votación en el pleno previsto el 14 de julio, donde saldrá adelante gracias al pacto suscrito entre el Gobierno y EH Bildu.

El acuerdo alcanzado con EH Bildu permite al Gobierno salvar la ley de Memoria Democrática sin que sea necesario el apoyo de ERC, que pese a ello sigue negociando con el PSOE y Unidas Podemos la incorporación de enmiendas al dictamen.

Hasta ahora, durante la fase previa de los trabajos de ponencia, el Gobierno ha pactado cerca de una veintena de enmiendas transaccionales con diferentes grupos que han garantizado su apoyo a la ley, entre ellos EH Bildu, PNV, PdeCAT y Más País.

La enmienda más polémica, acordada entre el PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu y Más País, amplía la aplicación temporal de la ley de 1978 a finales de 1983, año de inicio de la actuación de los GAL, la organización terrorista dedicada a la 'guerra sucia' contra ETA.

En concreto, la enmienda plantea designar una comisión técnica que elabore un estudio sobre vulneraciones de derechos humanos a personas "por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983" y que señale "posibles vías de reconocimiento y reparación".

Previamente, el PSOE y Unidas Podemos habían recogido en las enmiendas parciales pactadas de forma conjunta la designación de esta comisión con el mismo objetivo, pero con el espacio algo más acotado en el tiempo, desde 1978 hasta el 31 de diciembre de 1982, durante los primeros años de la democracia.

Fuentes de EH Bildu han confirmado a Efe que, al ampliar un año este margen temporal, pretenden abordar el inicio de los GAL, que comenzaron a actuar en diciembre de 1983, durante el Gobierno de Felipe González, cuando tres individuos secuestraron en su domicilio de Hendaya (Francia) a Segundo Marey, vinculado a los círculos vasco-españoles residentes en Francia.

No obstante, fuentes socialistas y de Unidas Podemos han advertido de que el límite temporal establecido para la aplicación de la ley no señala casos concretos.

Entre otras enmiendas relevantes que ya han sido aprobadas destacan la declaración de "ilegal" tanto del régimen franquista como de los tribunales franquistas, lo que supondrá la nulidad de todas sus condenas.

También la consideración de "víctimas" a las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega, cuyos habitantes "fueron perseguidos por hacer uso de éstas", y la garantía de acceso por parte de personas físicas a los fondos documentales depositados en los archivos públicos.

Además, la mayoría de enmiendas pactadas entre el PSOE y Unidas Podemos han salido adelante, entre ellas una que promueve la aplicación del derecho internacional para permitir investigar y juzgar los crímenes del franquismo, más allá de la ley de amnistía de 1977.

Ahora hay posibilidad de incorporar más enmiendas a la ley durante el debate y la votación del dictamen en la comisión de este lunes.

Este texto, a su vez, será sometido a votación en el pleno previsto el 14 de julio, donde habrá una oportunidad más para introducir cambios.

ERC está negociando con el PSOE y Unidas Podemos la incorporación de enmiendas con el objetivo de especificar más aún aspectos que ya están recogidos en la ley, como la reparación patrimonial de las víctimas del franquismo.

A pesar de que para ERC la ley de Memoria Democrática es una de las más importantes, su apoyo finalmente no será necesario para que la norma salga adelante.

Por el momento, el partido republicano catalán no ha desvelado el sentido de su voto, que estará entre el 'no' y la abstención por las desavenencias con el contenido de la ley, mientras que formaciones como el PP, Vox y Ciudadanos han dejado claro su rechazo desde el primer momento y han cuestionado además el pacto con EH Bildu.

La ley de Memoria Democrática, aprobada en Consejo de Ministros en julio de 2021 y cuya tramitación parlamentaria ha sido reactivada recientemente, actualiza la ley de Memoria Histórica de 2007.

El objetivo del Gobierno con esta nueva norma es conseguir la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura.

Entre las novedades más significativas aprobadas por el Gobierno está la obligación del Estado de acometer las labores para la recuperación de los restos de los desaparecidos y la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para investigar los crímenes del franquismo.