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El acuerdo para aprobar la ley de Memoria Democrática alcanzado entre el Gobierno y EH Bildu ha generado críticas y provocado tensión ante el homenaje que Ermua dedicará el domingo a Miguel Ángel Blanco, cuando se cumplen 25 años del asesinato y secuestro del edil del PP a manos de la banda terrorista ETA.

Tras días de críticas por parte de PP, Vox y Ciudadanos ante el acuerdo de la ley de memoria con la izquierda abertzale, la hermana del concejal de Ermua, Marimar Blanco, denunció ayer que el alcalde de la localidad, el socialista Juan Carlos Abascal, no le permitía intervenir en el homenaje que la localidad dedicará a su hermano.

Su queja a través de una carta hecha pública logró el apoyo de Moncloa y una rectificación del regidor de Ermua, que contactó con Blanco, actual diputada del PP en la Asamblea de Madrid, para integrarla en un acto en el que participarán el rey, Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari Iñigo Urkullu.

Sin embargo, esta marcha atrás no ha disipado el enfado en los partidos de centroderecha por el hecho de que el Gobierno haya pactado con EH Bildu, al que consideran heredero político de ETA, la ley de Memoria Democrática, que la próxima semana validará el Congreso antes de la aprobación definitiva en el Senado el próximo mes de septiembre.

Desde el PP, su secretaria general, Cuca Gamarra, ha incidido en que ningún demócrata puede asumir que Bildu sea quien "reescriba el relato de la Transición", justo cuando la sociedad recuerda el secuestro y asesinato del edil de Ermua.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy (PP) ha apuntado que, si al socialista Felipe González la ley le suena mal esta ley, a él le suena "peor", porque ETA fue "un enemigo declarado de la Constitución" y "fue contra la Transición". Ve "triste y absolutamente lamentable que el Gobierno haya caído en este pacto con Bildu" .

FAES, la organización que preside José María Aznar, denuncia "cálculos mezquinos" en la "ofensiva revisionista" que, a su juicio, el Gobierno ha pactado con los "testaferros políticos del terrorismo", mientras que el propio Aznar tildó ayer la ley de "disparate hecho por terroristas y pactado con terroristas".

Vox ha dado un paso más al anunciar que su líder, Santiago Abascal, quien en 1997 era compañero de Blanco en las Nuevas Generaciones del PP, no acudirá a "a falsos homenajes a víctimas de ETA junto a los blanqueadores de ETA y junto a los socios gubernamentales de Bildu".

Tampoco asistirán al acto, que también recuerda al otro vecino asesinado por ETA, el peluquero Sotero Mazo Figueras, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ni el partido de izquierda abertzale Sortu, que rechaza la participación del rey y de representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Y mientras el PSOE ha asegurado desde el Congreso que la ley de Memoria Democrática es "muy buena", su exlíder y expresidente del Gobierno, Felipe González, ha afirmado que "no iría a nada" con EH Bildu y ha expresado su temor a que "las memorias se conviertan en desmemorias".

La opinión de González contrasta con la de José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2007 aprobó la ley de Memoria Histórica hoy vigente, defensor de que estas normativas "perfeccionan" y que ha sostenido que, aunque la Transición fue "ejemplar", pudo haber "algún ángulo ciego" en ese proceso que se tenga que rescatar.

Entre los aspectos de la nueva ley que genera polémica figura, fruto del acuerdo con el partido vasco, la creación de una comisión técnica de estudio que analizará vulneraciones de derechos humanos a personas "por su lucha por la consolidación de la democracia" desde 1978 hasta finales de 1983, año de inicio de la actuación de los GAL al comienzo del primer gobierno de González.

En respuesta a las quejas, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha acusado al PP, Vox y Ciudadnaos de utilizar el terrorismo "como arma arrojadiza política" y ha defendido que la normativa persigue la reparación de las víctimas del franquismo, mientras que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido "unidad" de los demócratas porque "la política antiterrorista nunca puede ser instrumentalizada políticamente"

Con esta tensión, los principales líderes políticos se verán en Ermua el próximo domingo, donde también se ha confirmado la presidencia de Aznar, que encabezaba el Gobierno cuando ETA secuestro y asesinó al concejal de Ermua.

Además, asistirán además los líderes de PP y Ciudadanos, Alberto Núñez Feijóo e Inés Arrimadas mientras que Unidas Podemos-IU estará representado por su coordinadora en Euskadi, Pilar Garrido.

También acudirán los principales dirigentes de los partidos vascos y, aunque no esté Sortu, podría haber una delegación de EH Bildu a través de independientes o de representantes de los otros partidos de la coalición (Eusko Alkartasuna y Alternatiba).