EFEMadrid

La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado este lunes el dictamen de la ley de Memoria Democrática, que previsiblemente saldrá adelante en el pleno del 14 de julio con el apoyo de la mayoría de socios del Gobierno, que ha aclarado que la aplicación de la norma sólo llegará hasta el año 1978.

El dictamen ha salido adelante con 19 votos a favor (entre ellos los del PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu y el PNV), 15 votos en contra de PP, Cs, Vox y UPN en representación del grupo mixto, y dos abstenciones por parte de ERC y Junts, que con su postura simplemente querían facilitar que la votación de la ley llegara a pleno, donde su voto sigue siendo una incógnita.

Independientemente de lo que hagan ERC y Junts en la votación en el pleno, prevista el 14 de julio, la ley de Memoria Democrática podrá salir adelante, ya que el Gobierno cuenta con los apoyos suficientes tras el pacto suscrito con EH Bildu.

Fuentes del Gobierno no descartan incluso que la ley sea aprobada por mayoría absoluta y confían en que ERC se abstenga en el pleno del Congreso, como ha hecho en comisión.

A continuación, la ley se votará en el Senado durante el mes de septiembre, cuando el Gobierno espera poder aprobar de forma definitiva la norma y que ésta entre en vigor con su publicación en el BOE.

El Gobierno ha pactado más de una veintena de enmiendas transaccionales con los grupos durante la fase de los trabajos en ponencia y en comisión.

Entre ellas, destaca una acordada con EH Bildu y Más País para designar una comisión técnica que elabore un estudio sobre vulneraciones de derechos humanos a personas "por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983".

Previamente, el PSOE y Unidas Podemos habían recogido en las enmiendas parciales pactadas de forma conjunta la designación de esta comisión con el espacio algo más acotado en el tiempo, desde 1978 hasta el 31 de diciembre de 1982.

Fuentes de EH Bildu señalaron a Efe que, al ampliar un año este margen temporal, se ampliaba el plazo de aplicación de la ley con el objetivo por parte de su grupo de abordar el inicio de los GAL, la organización terrorista dedicada a la 'guerra sucia' contra ETA, que comenzó a actuar en diciembre de 1983, durante el Gobierno de Felipe González.

Sin embargo, fuentes del Gobierno han aclarado este lunes que la vigencia de la ley de Memoria Democrática llegará hasta 1978, no más allá, y que la ampliación temporal hasta finales de 1983 sólo afecta a la comisión recogida en una de las disposiciones adicionales.

Durante la comisión celebrada este lunes, los portavoces de PP, Vox y Ciudadanos han manifestado su rechazo al pacto suscrito con EH Bildu, así como a la extensión de los trabajos de la comisión hasta 1983.

"Que el PSOE esté dispuesto a apuñalar al gobierno de Felipe González es sorprendente", ha llegado a decir el portavoz de Ciudadanos, Guillermo Díaz.

Fuentes del Gobierno han señalado que simplemente habrá una constatación y un reconocimiento a personas que hayan sufrido vulneración de sus derechos entre 1978 y 1983, cuyos casos concretos determinarán los expertos de la comisión que serán nombrados por el Ejecutivo.

Socios parlamentarios del Gobierno como ERC y EH Bildu han criticado en la comisión de este lunes que la ley de Memoria Democrática no acabe con la ley de amnistía de 1977.

"Un país que se las da de una democracia plena continúa sin juzgar crímenes del franquismo", ha dicho la portavoz de ERC, Carolina Telechea.

En la parte socialista del Gobierno defienden que la ley de amnistía es una parte fundamental de la transición y destacan la enmienda pactada con Unidas Podemos que contempla la aplicación del derecho internacional para permitir investigar y juzgar los crímenes del franquismo.

ERC ha pactado en la comisión cuatro enmiendas transaccionales con el Gobierno, entre ellas una que da un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley para aprobar un reglamento para la "restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados".

Entre otras enmiendas relevantes que ya han sido aprobadas destacan la declaración de "ilegal" tanto del régimen franquista como de sus tribunales, lo que supondrá la nulidad de todas sus condenas.

También la consideración de "víctimas" a las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega y quienes "fueron perseguidos por hacer uso de éstas", y la garantía de acceso por parte de personas físicas a los fondos documentales depositados en los archivos públicos.

La ley de Memoria Democrática, aprobada en Consejo de Ministros en julio de 2021 y cuya tramitación parlamentaria ha sido reactivada recientemente, actualiza la ley de Memoria Histórica de 2007.

El objetivo del Gobierno con esta nueva norma es conseguir la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura.

Entre las novedades más significativas aprobadas por el Gobierno está la obligación del Estado de acometer las labores para la recuperación de los restos de los desaparecidos y la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para investigar los crímenes del franquismo.