EFEBarranquilla (Colombia)

La ministra de Justicia, Pilar Llop, considera "imprescindible" y "urgente" la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está bloqueada desde hace tres años, y espera que se concrete antes de que termine este 2021.

"Es imprescindible que ya, urgentemente, se proceda a la renovación del Consejo General del Poder Judicial porque es un órgano que parece que está alejado de la vida de los ciudadanos", manifestó la ministra a Efe en Barranquilla, donde participa en el XXVII Congreso Bienal de la Asociación Mundial de Juristas (WJA, sigla en inglés).

La ministra consideró incomprensible "que no haya habido acuerdo hace tres años, que es cuando se tenía que haber renovado el órgano del gobierno" y recordó el "impacto directo" que esa institución tiene en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Eso porque, según explicó, el Consejo es el que nombra a los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo, hace jurisprudencia sobre cuestiones como los desahucios, temas de familia, guardas y custodias, interpretación sobre los delitos sexuales, cuestiones laborales y administrativas.

"Pero es que además el propio Consejo ha dicho que se produce un retraso de mil causas al año, mil sentencias, mil resoluciones al año", añadió sobre los problemas que ocasiona la demora en la renovación del CGPJ.

BLOQUEO DEL PP

En ese sentido, la ministra recordó que este bloqueo es únicamente del Partido Popular, "que es quien tiene la llave para desbloquearlo porque con su acuerdo se daría la mayoría suficiente de tres quintos para renovar".

"El Partido Popular lleva poniendo excusas desde el año 2008, primero no le gustaban los nombres que se planteaban por parte de otras fuerzas políticas, luego no le gusta el modelo del Poder Judicial que tenemos hoy en día vigente, que es un modelo constitucional y que es un modelo que ha funcionado durante más de 35 años", afirmó.

Llop evitó hacer conjeturas sobre el impacto que puede tener el reciente nombramiento de Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional a la hora de llegar a acuerdos sobre nombres que el PP no ha aceptado hasta ahora en el CGPJ, y dijo que lo importante es avanzar como en las recientes renovaciones de órganos como el Constitucional, el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo.

Según la ministra, en esos tres órganos constitucionales "era necesario ya que de una vez por todas se procediera al nombramiento de sus nuevos integrantes" y "más allá de las personas concretas que han sido nombradas, que son personas que cumplen los requisitos y que tienen una larga trayectoria en el mundo del derecho", se envía una señal de que los acuerdos son posibles.

"Lo que se ha puesto de manifiesto es que se puede alcanzar acuerdos, se puede llegar a acuerdos de Estado y por lo tanto espero que esta senda que se ha abierto del diálogo y de alcanzar esos grandes acuerdos se contagie también en el Poder Judicial para su renovación", aseguró.

DERECHOS Y PANDEMIA

Con respecto a las herramientas de que dispone el Gobierno en caso de tener que restringir de nuevo derechos fundamentales por la pandemia ahora que los estados de alarma fueron declarados inconstitucionales, Llop quiso en primer lugar "transmitir un mensaje de prudencia".

"Es necesario que sigamos cumpliendo medidas que son las que han demostrado el éxito en la gestión del Gobierno de España y también en cogobernanza con las comunidades autónomas", dijo, y añadió que "la clave del éxito ha sido la vacunación" que alcanza ya a casi el 90 % de la población con la pauta completa.

Sin embargo, expresó que el Gobierno tiene instrumentos legales y "una jurisprudencia que ha dicho cómo tenemos que aplicarla" en caso de ser necesarias.

"Si hay una suspensión de derechos tendríamos que acudir a un estado de excepción y si hay una limitación de derechos acudiríamos a un estado de alarma, y luego también tenemos las resoluciones de los tribunales superiores de justicia", manifestó la ministra, quien se mostró esperanzada en que nada de eso sea necesario.

ABORTO EN DEBATE

En lo referente al aborto, que es objeto de debate en varios países, y la posibilidad de que el Constitucional acabe dictando una sentencia restrictiva, la ministra manifestó su "absoluto respeto" hacia las resoluciones "que dicte o que pueda dictar" ese tribunal.

No obstante, recordó que en 2010, cuando entró en vigor la ley de plazos para el aborto, España fue un país avanzado en ese sentido, y no hay razones para discutirla ahora.

"Plantearnos 11 años después si la ley del aborto, que no genera ningún problema, ni genera ningún clamor social, es o no constitucional pues creo que está ahora mismo desfasado y podría suponer, incluso, un retroceso democrático", afirmó.