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La última prórroga del estado de alarma, que el Gobierno negocia con PNV, Cs y ERC, perfila un nuevo horizonte político para lo que queda de desescalada, al que se suman las elecciones vascas y gallegas convocadas para el 12 de julio y la intensificación de las críticas del PP y Vox a la gestión del Ejecutivo, con crecientes protestas en ciudades como Madrid y un acusado aumento de la polarización.

El debate sobre esa prórroga, que el Gobierno apuesta por que sea de un mes y a la que se opone frontalmente el PP, coincide con la demanda sin pausa de la Comunidad de Madrid para pasar de fase, como también ha propuesto hoy la Generalitat de Cataluña para Barcelona y su área metropolitana y planteará esta semana Castilla y León para todo su territorio.

Gobierno y autonomías han acordado que el uso de las mascarillas, uno de los asuntos más recurrentes y controvertidos desde el inicio de la epidemia, sea obligatorio, además de en el transporte público, en espacios cerrados y en la calle si no es posible garantizar la distancia mínima de seguridad de dos metros.

A falta de las notificaciones retrasadas por el fin de semana y las ya habituales consolidaciones de datos, este lunes se ha registrado una importante caída de las muertes (59) y los contagios (285) en una tendencia que muestra la cada vez más baja transmisión del virus, sobre el que persisten diversas incertidumbres que han llevado al Banco de España a empeorar las malas previsiones de la economía con una caída del PIB por encima del 9,5 por ciento.

QUINTA PRÓRROGA

Tras salvar "in extremis" la anterior votación para renovar del estado de alarma, el Gobierno trata de mantener el apoyo de PNV y Cs y de convencer a ERC para que salga del bloque del no. Cs ya ha avanzado que no apoyará una prórroga de un mes como había planteado el Ejecutivo y ERC insiste en que no se dan las condiciones para volver a la abstención, que supedita a que se ponga fin al mando único centralizado.

El Congreso votará el miércoles esta quinta prórroga, con la que el Gobierno planea cubrir una desescalada que observa en la distancia media las elecciones vascas y gallegas del 12 de julio anunciadas este lunes y en la distancia corta el agravamiento del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el PP, acentuado en las últimas semanas a cuenta de la negativa a que la Comunidad de Madrid accediera a la fase 1, lo que ha dejado en parte el debate sanitario en un segundo plano.

Esa tensión ha cristalizado en algunos barrios de la capital, principalmente en el barrio de Salamanca, donde durante toda la semana pasada se produjeron protestas a pie de calle contra el Gobierno. A esas manifestaciones, alentadas desde la derecha y la extrema derecha, se ha referido el ministro José Luis Ábalos, que ha señalado directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por apoyarlas.

"Un gobernante debería estar pensando en cómo mejorar las cosas y no en cómo empeorarlas", ha afirmado Ábalos, que ha reprochado que se convoquen manifestaciones en la calle "sin ninguna distancia social" con el único propósito de "tratar de derrocar al Gobierno".

Díaz Ayuso, en abierto enfrentamiento con Moncloa durante toda la gestión de la crisis sanitaria, considera que es el Gobierno el que le hace oposición a ella y no al revés. En esa misma línea, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de negociar con la salud de los españoles para mantenerse en el poder y de actuar por "profundo odio y sectarismo" contra la Comunidad de Madrid.

CAÍDA DE MUERTES Y CONTAGIOS

“A mí no me sorprendería que la solicitud de Madrid pudiera avalar la siguiente fase si ha mejorado los datos, si los proyectos de la semana pasada se han implementado”, ha dicho el director de emergencias sanitarias, Fernando Simón, en la presentación, por primera vez por la tarde, de los datos de evolución de la epidemia.

Unos datos esperanzadores, según ha remarcado, con las muertes, por segundo día consecutivo, por debajo del centenar (59 y un total 27.709). También han caído de forma significativa los contagios (285 y 231.606), aunque falta ver el factor corrector del fin de semana. Llama la atención, en este sentido, los 5 positivos contabilizados por Madrid, que ya ha registrado certificaciones tan bajas que luego se corrigen con consolidaciones posteriores.

Simón ha valorado el nuevo sistema de información puesto en marcha, que ha permitido determinar el tiempo transcurrido entre que una persona se contagia y tiene síntomas: 4 días, frente a los 10 que se pensaba, antes de apuntar que se está entrando en un nuevo escenario con la circulación del virus casi controlada y que el objetivo ahora es detectar de manera precoz los casos donde aparezcan.

Con ese objetivo trabajan las autonomías que ya están en la fase 1, que reúnen al 70 por ciento de la población, y también Madrid y Barcelona, que este lunes han estrenado una situación nueva pese a permanecer en la fase 0 -al igual que buena parte de Castilla y Leon-, con la apertura sin necesidad de cita previa de muchos comercios de hasta 400 metros cuadrados.

Por su parte, los 45.000 habitantes de las islas canarias de La Gomera, El Hierro y La Graciosa y de la balear de Formentera, avanzados a la fase 2, han podido bañarse en la playa, pescar o sentarse en el interior de un restaurante, aunque los negocios turísticos permanecen casi todos cerrados.

CRISIS ECONÓMICA Y MEDIDAS SOCIALES

Una buena parte de los argumentos que apremian la desescalada son de índole económica, pues no en vano es la economía la principal afectada por la paralización de la actividad para hacer frente al virus con restricciones y confinamientos, y de la mala marcha de la economía siempre se deriva una crisis con repercusiones directas en la vida de millones de personas.

Las preocupantes perspectivas anunciadas desde el inicio de la pandemia por organismos nacionales e internacionales las empeoran las últimas previsiones del Banco de España, que acentúan la caída del producto interior bruto (PIB) este año entre el 9,5 y el 12,4 %, frente a los incrementos de entre el 6,1 y el 8,5 de 2021.

En una comparecencia en el Congreso, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha señalado los riesgos de que la crisis pueda durar más tiempo y causar mayores daños, por lo que ha abogado por una estrategia de fondo sustentada en un plan de ajustes, con la política fiscal por delante, para frenar la deuda causada por los gastos ante los estragos de la crisis sanitaria.

Entre los gastos señalados por el Banco de España figura el ingreso mínimo vital que el Gobierno tiene previsto aprobar a finales de mes y que, según ha dicho hoy el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, comenzará abonándose a unos 100.000 hogares, aunque el número total de beneficiarios alcanzará el millón.

Escrivá también ha anunciado que se mantendrá la prestación extraordinaria por cese de actividad por la epidemia hasta el 30 de junio y que se estudia cómo ampliarla para algunos sectores, como el turismo, más allá de esa fecha.