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La polémica sobre si las ayudas económicas para la reconstrucción social deben llegar a los centros concertados ha vuelto este viernes a protagonizar el debate entre los grupos parlamentarios y varios de ellos han expresado su rechazo al texto final si PSOE y Unidas Podemos no rectifican este punto.

Tanto el diputado de Unidas Podemos Pablo Echenique, como María Luisa Carcedo, desde el PSOE, han reiterado su intención de que las ayudas educativas se centren en la escuela pública, a la que acuden las familias más vulnerables y que en los últimos años ha sufrido los mayores recortes.

"Estamos muy orgullosos porque los hechos objetivos dicen que los mayores recortes de los últimos años se han dado en la escuela pública de gestión directa, mientras que en la concertada no ha habido", ha explicado Echenique que ha asegurado que los anteriores gobiernos "han cuidado bien" la salud económica de la concertada.

Por eso, el diputado de Unidas Podemos cree necesario apostar por recuperar la financiación de los centros públicos y ha subrayado el compromiso del Gobierno con la educación especial que -ha recordado- en buena parte es de gestión pública directa.

Carcedo ha defendido también las ayudas a la educación pública y ha pedido a los grupos que el debate sobre la concertada se centre en la próxima reforma educativa de la Lomloe que se encuentra en tramitación parlamentaria.

Frente a las críticas de sectarismo y de aplicar la ideología en la Educación, Carcedo ha reconocido que "evidentemente hay ideología" y que todos los partidos la tienen, pero ha advertido de que no puede admitir que le acusen de estar en contra de la libertad.

Ha recordado a la oposición que durante las comparecencias en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica numerosas organizaciones sociales han asegurado que en la educación en España existe segregación y falta de inclusión social, aspectos que deben ser combatidos.

Por el contrario, PP, Cs, Coalición Canaria, UPN, y JxCat han mostrado su rechazo a que la concertada no entre dentro de las ayudas previstas, que ascienden a 2.000 millones de euros.

La diputada del PP Rosa Romero ha dicho que excluir a la concertada es "un ataque muy grave a la libertad que emana de la Constitución", que es la libertad de los padres para elegir el centro educativo.

Esta medida -según el PP- deja al margen a dos millones de alumnos que acuden a los centros concertados que cumplen un servicio esencial y, aunque ha acusado a los partidos del Gobierno de no querer alcanzar un acuerdo en materia social, ha añadido: "están a tiempo de rectificar".

Desde Cs, Sara Giménez ha lamentado la visión educativa del documento pactado entre PSOE y Unidas Podemos porque -ha recordado- la crisis ha afectado por igual a los niños que acuden a los centros concertados que a los públicos.

Ha acusado al Gobierno de sectarismo y ha lamentado la dificultad de alcanzar un acuerdo en una cuestión que el Ejecutivo ha ideologizado.

Ana Oramas (Coalición Canaria) también ha dicho no entender que no se apoye a la concertada, cuando diferentes entidades religiosas y de otros ámbitos de toda España trabajan en estos centros por la integración con menores inmigrantes; "hacen una labor social del demonio".

Ferran Bel,(JxCat) ha advertido al Ejecutivo de que cuando excluyen a la concertada no castigan a las instituciones que gestionan estos centros, sino a sus alumnos "que son hijos de padres que pagan e impuestos como el resto". "Los ricos llevan a sus hijas a la privada, no a la concertada", ha advertido.

UPN, por su parte, ha calificado de "injustificable" el sectarismo del Gobierno al "dar carpetazo" a las ayudas a la concertada "sólo porque ideológicamente no les gusta o la detestan".

Diputados nacionalistas como los de Bildu o Compromis han achacado al Gobierno que se inmiscuya en materias cuyas competencias son autonómicas, como la educación.