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La última prórroga del estado de alarma llega al Congreso sin los agobios para el Gobierno de las dos últimas ocasiones, tras sendos acuerdos con PNV, ERC y Cs, pero con la presión redoblada sobre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras conocerse una nota reservada que pone en cuestión su versión sobre los recientes ceses en la Guardia Civil y la investigación en relación con el coronavirus y el 8-M.

Esa nota interna confirma que el coronel Diego Pérez de los Cobos fue destituido “por no informar” de las investigaciones que llevaba a cabo la Guardia Civil por orden judicial. Según Interior, fue cesado por incumplir “el procedimiento de comunicación de actuaciones, a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas”. La oposición ha vuelto a pedir la dimisión de Marlaska, que ya ha avanzado en el Senado que seguirá en su puesto.

Las vicisitudes políticas de la emergencia sanitaria han vuelto a situar en un segundo plano la evolución de la epidemia en la octogésima jornada del estado de alarma, en la que Sanidad ha informado, por segundo día consecutivo, de que ninguna persona ha muerto por coronavirus en las últimas 24 horas, aunque se siguen verificando las notificaciones recibidas, y de que los casos diarios confirmados han aumentado hasta los 137, más de la mitad de ellos en Madrid.

Con esta tendencia sostenida, las comunidades autónomas siguen enviando sus propuestas para avanzar en la desescalada el próximo lunes, que llevará a la mayoría de ellas a la fase 3, aunque las más pobladas, como la Comunidad de Madrid y Barcelona y su área metropolitana, al igual que Castilla y León, estrenarán la fase 2, en la que permanecerá siete días más la Comunidad Valenciana.

LAS EXPLICACIONES DE MARLASKA

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha querido dejar claro en el Senado que no dimitirá, pese a que se lo han vuelto a pedir los principales partidos de la oposición, con el PP a la cabeza, y ha insistido en que ni él ni nadie de su departamento ha cometido injerencias en la investigación judicial encargada a la Guardia Civil sobre la autorización de la manifestación del 8-M en Madrid y la epidemia de coronavirus.

El último capítulo de la serie político-judicial protagonizada por Marlaska parte de una nota reservada de Interior, publicada por El Confidencial, en la que la directora general del instituto armado, María Gámez, señala que el exjefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, fue destituido por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento".

El Ministerio del Interior ha precisado a continuación que Marlaska y Gámez solo querían conocer las actuaciones, no su contenido, después de que se filtrara el polémico informe, y ha añadido que, con anterioridad, Pérez de los Cobos, tal como obliga una instrucción en vigor desde 2012, había comunicado, primero, que había sido comisionado por una juez como Policía Judicial para la investigación del 8M y, más tarde, que la magistrada pidió paralizar esa investigación durante el estado de alarma.

El PP ha anunciado que va a presentar una iniciativa en el Congreso para la reprobación del ministro del Interior, además de insistir en pedir su dimisión “inmediata" por considerar que "mintió" sobre el cese de Pérez de los Cobos. A esas dos peticiones se han sumado Vox y Ciudadanos.

Pero a diferencia del PP y Vox, Cs volverá a apoyar mañana en el Congreso la sexta y última prórroga del estado de alarma, pese a que el Gobierno ya había alcanzado sendos acuerdos, centrados en la recuperación de competencias, para asegurarse el voto favorable del PNV y la abstención de ERC, con lo que se restauraba en cierta medida la mayoría de la investidura.

El acuerdo con Ciudadanos, que ha incomodado a ERC y sobresaltado puntualmente al PNV, tienen un carácter más económico, con medidas centradas en un plan para el turismo y en la igualdad territorial a la hora de gestionar partidas como las de la renta mínima, en línea con las contraprestaciones puestas sobre la mesa en las sucesivas negociaciones con las que ha marcado estrategia propia la nueva presidenta del partido, Inés Arrimadas.

SIN MUERTOS NOTIFICADOS

En el terreno estrictamente epidemiológico, el Ministerio de Sanidad ha vuelto a informar por segundo día consecutivo de que ninguna persona ha fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas, un dato que, ante las discrepancias manifestadas por algunas comunidades autónomas, que sí reportan muertos en sus partes diarios, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha tratado de situar.

"Los datos de fallecidos están generando algunos problemas y entiendo que haya algún estupor o alguna duda en cuanto a los datos que se reciben, que son los que nos dan las comunidades", ha afirmado Simón, que ha explicado que esas discordancias pueden deberse a retrasos en el volcado, notificaciones incompletas o modificaciones a posteriori por parte de las autonomías, y ha reiterado que se siguen verificando las fechas de defunción exactas para recomponer con más precisión la estadística, que se actualizará esta semana.

Simón ha añadido que, "pese a lo importantes que son los datos de fallecidos desde el punto de vista social y desde el punto de vista individual", los servicios de vigilancia están centrados ahora mismo en la detección precoz y la localización de nuevos casos, con especial atención al número de pruebas PCR, el porcentaje de positivos, el periodo desde que se inician los síntomas hasta que se aísla a un paciente o el número de contactos que se rastrean, todo ello para reaccionar a tiempo y evitar que se activen cadenas de transmisión

Según el informe de Sanidad, ayer hubo 137 nuevos diagnósticos (73 de ellos en Madrid), y en los últimos siete días han muerto 34 personas, han sido hospitalizadas 243 (73 en Madrid y 38 en Cataluña y Castilla y León) y han ingresado en la UCI 11. Desde el inicio de la epidemia en España ha habido 239.932 contagiados y 27.127 fallecidos confirmados con pruebas PCR.

FASE AVANZADA

Con la aprobación de la sexta prorroga del estado de alarma, el Gobierno se asegura extender las restricciones de movilidad en toda España hasta el próximo 21 de junio, pese a que está abierta la posibilidad de que a partir de la fase 3, en la que las comunidades retomarán el control de todas sus competencias, se pueda plantear la comunicación entre autonomías que estén en ese mismo estadio.

De hecho, en su petición de avance de fase, el País Vasco ha propuesto permitir la movilidad dentro de la comunidad autónoma y con comunidades limítrofes que también pasen de fase y en la Eurorregión que aglutina a Euskadi, Navarra y la región francesa de Aquitania, lo que, de hecho, implicaría la apertura de las fronteras terrestres con Francia.

También Galicia ha solicitado la posibilidad de que se permita la comunicación con Asturias y las zonas fronterizas de Portugal, siempre que ambos territorios estén en una situación sanitaria equivalente.

La desescalada, que se mueve ya a velocidad de crucero, se ha comenzado a notar también en el mercado laboral, según los datos del mes de mayo, en el que se registraron 187.814 afiliados más a la Seguridad Social, en su mayor parte del sector de la construcción (50.035) y de la hostelería (35.402), y el retorno a la actividad de 387.815 trabajadores que han salido de los ERTE, donde siguen, no obstante, unos tres millones de personas.

Aunque de forma más moderada que en los meses anteriores, en mayo se registraron 26.573 parados con 760.000 empleos perdidos desde la declaración del estado de alarma a mediados de marzo, que fue el mes que acusó con mayor crudeza el confinamiento. EFE

jc.jdm

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