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Las comunidades autónomas siguen, un día más, pendientes de las decisiones de sus tribunales superiores. Expirado el estado de alarma, la balanza de los jueces se inclina más a favor de limitar reuniones y cierres perimetrales en municipios con alta incidencia que a mantener los toques de queda.

Murcia y Galicia han sido las dos últimas comunidades autónomas que han conseguido el aval de sus tribunales superiores de justicia para limitar a seis las reuniones de personas no convivientes, en el primer caso, y prohibirlas durante la madrugada en el segundo.

En general, los tribunales superiores no parecen proclives a que se mantengan los toques de queda: solo autorizados de momento en Baleares y la Comunidad Valenciana, y rechazados en País Vasco, Canarias y Navarra.

Sin embargo, hay margen para la diferencia. El Alto Tribunal gallego ha dado hoy luz verde a la prohibición de reuniones entre no convivientes entre la una y la seis de la madrugada en toda la comunidad autónoma.

Y la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha aprobado el toque de queda a las 23:00 horas y el cierre perimetral en cinco ayuntamientos que presentan un nivel máximo de alerta sanitaria.

El desasosiego de las comunidades por dejar en manos de los tribunales la desescalada es patente. También entre el Gobierno y la oposición y así ha quedado reflejado en la sesión de control del Congreso entre Pedro Sánchez y Pablo Casado.

Y este miércoles quien mejor lo ha escenificado, a nivel local, ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la delegada del Gobierno, la socialista Mercedes González.

En una rueda de prensa, tras reunirse para abordar restricciones de cara al día de San Isidro (15 de mayo), y con el fin de que no se repitan las aglomeraciones del pasado fin de semana, Almeida y González han tenido un encontronazo a cuenta de las medidas.

La propia González ha comparado la actuación de ambos en plena rueda de prensa con el "dúo Pimpinela".

Y sobre el toque de queda en la Comunidad de Madrid sí se ha pronunciado su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, quien ha descartado pedirlo para evitar "tortazos en los juzgados".

Lo que sí pedirá Ayuso es una comisión de investigación sobre el tránsito en el aeropuerto de Barajas y su relación con la incidencia del coronavirus en la región.

En el País Vasco, primera comunidad en la que el Tribunal Superior de Justicia rechazó mantener el toque de queda nocturno, el lehendakari Íñigo Urkullu ha garantizado hoy el "empeño" de su Gobierno para que se guarden medidas de seguridad en los próximos tres meses, "las únicas que están en nuestras manos".

Urkullu ha asegurado que "con estado de alarma o sin él, todos debemos cumplir las medidas" para hacer frente a la pandemia.

Por su parte, en Canarias, su presidente Ángel Víctor Torres ha confirmado este miércoles que en principio el Ejecutivo no recurrirá la supresión del toque de queda aunque sí la eliminación del cierre perimetral, ya que entiende que esta última medida junto con la limitación de los grupos son esenciales para controlar la pandemia.

En Navarra, el vicepresidente Javier Remírez ha asegurado que el Gobierno foral va a continuar con una "flexibilización prudente" de las medidas adaptada a la normativa y a las resoluciones judiciales y teniendo en cuenta la evolución epidemiológica que es "más positiva de lo previsto".

Ramírez ha explicado que la orden foral del 9 de mayo está vigente hasta el día 20 con las correcciones derivadas de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que eliminó el toque de queda y el horario de cierre de las terrazas de la hostelería, que se había fijado hasta las 22:00 horas.

A partir del día 21, se emitirá una nueva orden foral con la previsión de "aplicar lo recogido en el semáforo covid por parte del Gobierno de Navarra correspondiente a una situación de riesgo alto".

Mientras, Aragón confía hacer frente a la pandemia sólo con la ley aragonesa.

El presidente aragonés, Javier Lambán, ha descartado a priori la posibilidad de solicitar la aplicación de un nuevo estado de alarma o un nuevo toque de queda y ha insistido en que Aragón tiene una ley propia contra el coronavirus, y la aplicará.

"Con esta ley -ha dicho- vamos a tratar de responder a todos los problemas que se nos vayan planteando, que espero, sinceramente, cada vez sean menos y de menor entidad, y si en un momento determinado, que espero que no llegue, se viera que nuestras medidas son insuficientes, trataríamos de buscar otra salida al problema".

Lambán no ha precisado a qué tipo de salida se refiere pero sí ha admitido que para la opinión pública no es tranquilizador que unas comunidades se permitan un tipo de medidas, y en otra no.

Estas divergencias ya se han dado, por ejemplo, en Andalucía, donde el Tribunal Superior de Justicia no amparó el cierre de la localidad granadina Montefrío, restricción que sí avaló en el caso de tres localidades de Córdoba y Cádiz.

En Extremadura, el tribunal sí ha dado el visto bueno al cierre perimetral de cinco municipios de la provincia de Badajoz, por estar en riesgo.

Y con este escenario autonómico, la Fiscalía General del Estado ha optado hoy por ni fijar un criterio común de actuación procesal a todos los fiscales cuando entren a revisar las restricciones acordadas por los gobiernos de las comunidades autónomas.