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El expresidente Artur Mas ha considerado hoy que el juicio en el Tribunal de Cuentas por la consulta del 9N responde al "espíritu de venganza" de los abogados de Sociedad Civil y de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que ya dijo que este referéndum "lo pagaríamos nosotros y de nuestros bolsillos".

"Nos quieren inhabilitados y arruinados", ha subrayado el expresidente catalán al término del juicio en el que se acusa a Mas y a los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega de supuestas responsabilidades contables en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

"No hubo ni un solo euro de malversación de fondos públicos", ha asegurado el expresidente, que ha culpado a los colectivos de abogados que presentaron la demanda (Sociedad Civil, Abogados catalanes por la Constitución y Abogacía del Estado) de querer "más pena y más castigo. Esa es la realidad".

No obstante, ha admitido que tanto él como los exconsellers están "tranquilos" y se ha mostrado confiado en que serán exonerados de esta vía civil, pero de no ser así ha avanzado que llegarán "hasta el final con los recursos jurídicos", ante el Tribunal de Cuentas y el Supremo.

Pero además tranquilos, Mas ha dicho que están "contentos" de haber conseguido "el objetivo político de consultar al pueblo de Cataluña".

Por su parte, el abogado de Sociedad Civil Catalana, Manuel Zunón, también a la salida del juicio, se ha mostrado convencido de que la responsabilidad contable del expresidente Artur Mas y de los tres exconsellers en la consulta soberanista está "totalmente probada" y ha afirmado que "no hay controversia: los gastos son lo que son".

Zunón ha desvelado que la jueza tiene "muy claros" los gastos de los ex altos cargos y se ha mostrado convencido de que Sociedad Civil ganará el juicio.

En definitiva, ha sostenido que el juicio ha sido "útil" ya que también se han aclarado "motivaciones, enmascaramientos, desobediencia y cosas que no están en los expedientes y ellos tenían que explicar".

En el transcurso de la vista tanto Mas como los exconsellers han insistido en que no cometieron ninguna irregularidad: "Ni se me pasa por la cabeza", ha dicho el exconseller de Presidencia Francesc Homs.

La exvicepresidenta de la Generalitat y exconsellera Joana Ortega también ha expresado su "convicción absoluta" de que el 9 de noviembre se actuó de acuerdo a la legalidad.

Ortega ha negado que se tratase de una consulta y ha dicho que fue "un proceso participativo" que se desarrolló el 9 de noviembre y los 15 días posteriores.

En ese proceso, ha comentado, no hubo censo y sólo intervinieron voluntarios, "no hubo participación de funcionarios públicos".

En esa línea, el expresidente Mas se preguntó: ¿Si tan grave fue el delito por la consulta por qué ni un solo juez o fiscal actuó para pararla".

El juicio, que continúa mañana con las conclusiones, se inició a las 10:00 horas, hora a la que llegó una delegación del PDeCAT, liderada por su presidente Dabid Bonvehí, acompañando a Mas y a los tres exconsellers.

De hecho, a las puertas del Tribunal, Bonvehí ha asegurado que la consulta soberanista del 9 de noviembre fue el inicio del proceso independentista que resultó "imprescindible" para llegar al referéndum unilateral del 1 de octubre.

Además de Bonvehí, han formado parte de la delegación del PDeCAT los diputados Carles Campuzano, Antoni Postius y Ferran Bel y los senadores Marta Pascal y Josep Lluís Cleries. No ha acudido a las puertas del Tribunal nadie en representación de ERC.