EFEMariñán (A Coruña)

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y coordinador de la Cumbre Judicial Iberoamericana, Juan Martínez Moya, defiende que a nivel internacional España debe "exportar valores e independencia judicial pero, sobre todo, seguridad jurídica".

Martínez Moya participa en la Escuela de Verano del Poder Judicial en el Pazo de Mariñán, donde aborda la importancia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que tiene especial protagonismo en esta edición del curso, titulada "América y España, un proyecto común".

La Cumbre está formada por 23 poderes judiciales, a modo de "espejo" de la Cumbre de Jefes de Estado, que son 22, y añaden en este caso a Puerto Rico, ahora con la 21ª edición en mente, que se celebrará en Lima (Perú) en 2023.

El magistrado destaca, en una entrevista con Efe, que existe entre España, Portugal y los países de América Latina "una sinergia y una cultura" en las que el trabajo debe ser continuo, con una "acción española" que debe "exportar valores e independencia judicial pero, sobre todo, seguridad jurídica".

En cada edición, "más allá de las diferencias y las asimetrías", los participantes extraen estándares en muchas áreas, como el Estatuto del Juez Iberoamericano, la Regla de Brasil, "que son estándares de derechos hacia las personas en situación de vulnerabilidad"; o IberRed, "la red de cooperación civil y penal".

Y ahora hay cuatro retos cruciales que protagonizan la "agenda judicial del siglo XXI", en un momento en el que -destaca- es clave contar con un "sistema de carrera judicial independiente y eficaz", pues están de actualidad algunos "países que viven situaciones de debilidad institucional", lo que remarca que los conceptos "estado de derecho e independencia judicial son indisociables".

Los cuatro elementos clave para el futuro de la Justicia son, según detalla Martínez Moya, el sistema de acceso a la carrera judicial, los estándares sobre el control disciplinario de los jueces, la evaluación del desempeño y el bienestar judicial y, por último, el hecho tecnológico y la función jurisdiccional.

Sobre los controles disciplinarios, desvela que "hay países en los que no están establecidos procedimientos garantistas" para abordar las cuestiones disciplinarias de los profesionales, por lo que "un juez incómodo" podría tener consecuencias no deseadas.

Respecto a la evaluación de desempeño, incide en que el sistema en España no cuenta con la posibilidad de "promoción" porque existe una "organización muy arcaica".

Más allá de los retos, Martínez Moya subraya que hay diferencias entre los poderes judiciales de los 23 estados que forman la Cumbre Iberoamericana puesto que, por ejemplo, "hay poderes judiciales en América Latina que tienen iniciativa legislativa".

Explica que España sirve como "punto de enlace con los proyectos de cooperación con la Unión Europea", ahora en común con América Latina el Proyecto PAcCTO, el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado, o los proyectos de EUROsocial.

Como magistrado que ha dedicado toda la vida a las cuestiones laborales, el vocal del CGPJ afirma que en España existe "una jurisdicción social muy fuerte institucionalmente que goza de buenos instrumentos legales, pero que precisa mejoras como la ampliación de la planta judicial, con más jueces de lo social, y mejor organización de las oficinas".

"Cuando un trabajador demanda porque ha quedado en el paro o ha sido despedido, los tiempos de respuesta deben ser más que razonables", declara.

Por eso, ante una "jurisdicción enormemente sensible que garantiza derechos de los trabajadores, de los empresarios y de la Seguridad Social" hace un llamamiento a que no se vea "comprometida por las demoras judiciales", para lo que propone "reformas que agilicen más el proceso" como respuestas escritas en algunos casos que sirvan para "acortar los tiempo de juicio" o "fuertes gabinetes técnicos para la gestión de los asuntos".

"Debe ser objeto de prioritaria atención por las administraciones que proporcionan medios personales y materiales. No hay protección social si la tutela no se dispensa con prontitud y con efectividad", concluye.

Paula Durán y Miguel Álvarez