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Cada vez se conocen más políticos, alcaldes y otros cargos que han aprovechado su posición para saltarse los protocolos de vacunación establecidos por Sanidad, y si bien alguno de ellos ya ha dimitido o ha sido cesado tras disculparse, otros justifican su inmunización en que están en primera línea de la pandemia.

El caso más sonado ha sido el del consejero de Sanidad de Murcia, Manuel Villegas, que este miércoles dimitió tras vacunarse contra el coronavirus junto a altos cargos de su departamento argumentando que creía que entraba en el protocolo ministerial (otro personal sanitario o sociosanitario no de primera línea).

Pero la dimisión no ha frenado las críticas del PSRM-PSOE - que mantiene una denuncia ante la Fiscalía para que investigue la vacunación contra la covid de 400 personas- y de Ciudadanos por este comportamiento, que también ha salpicado a la alcaldesa socialista de Molina del Segura (Murcia), Esther Clavero (PSOE), que no ha dimitido, aunque ha aclarado que aceptará "cualquier decisión" de su partido.

Clavero alegó, tras salir el caso a la luz, que fue vacunada por prescripción médica al ser una paciente oncológica y con una alta exposición social.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), no destituirá al consejero de Sanidad, Javier Guerrero, al entender que su decisión de vacunarse no ha sido "ni arbitraria ni discrecional", según ha informado en un comunicado de prensa emitido tras la reunión mantenida por los nueve diputados del Ejecutivo local, entre los que se encuentra el mismo Guerrero, cuyo relevo tampoco se considera pertinente en la situación actual de pandemia.

"Yo no quería vacunarme pero mis técnicos me dijeron que si no me vacunaba yo ellos tampoco lo harían, sobre todo pensando en mi vulnerabilidad por mi diabetes y tensión", ha explicado el consejero para justificar su decisión.

El primer caso saltó a los medios de comunicación el 18 de enero, cuando se conoció que el concejal de Sanidad de Orihuela (Alicante), José Galiano, (PP) recibió fuera de turno la vacuna, según sus palabras, porque "había un sobrante de dos o tres dosis que se iban a desechar".

También en la provincia de Alicante, el PP ha pedido la dimisión de los alcaldes de El Verger y Els Poblets, Ximo Coll y Carolina Vives, ambos del PSPV-PSOE, que se vacunaron contra la covid por el mismo motivo: había sobrantes de unidades en sus centros de salud.

Pero se han dado casos en muchos otros municipios, como el que se ha conocido este jueves del Ayuntamiento de Valverde del Fresno (Cáceres), donde su alcalde, Amalio Robledo (PSOE), recibió la primera dosis de la vacuna el pasado 11 de enero por ocupar el cargo de director de los pisos tutelados, así como los "errores" que ha admitido el Servicio Gallego de Salud, pues hasta 17 personas han sido vacunadas en Pontevedra a pesar de que no cumplían los criterios fijados.

A la lista de dimisiones se suma hoy la de la concejala de Salud y Bienestar Social del Ayuntamiento de Bonares (Huelva), Rocío Galán (PSOE), después de que el pasado miércoles los directores gerentes de los hospitales de Basurto y Santa María, en Bilbao, Eduardo Maiz y José Luis Sebas, también dimitieran por haberse vacunado antes de lo que marca el protocolo.

Tanto Sebas como Maiz habían sido concejales del PNV en el Ayuntamiento de Bilbao antes de ocupar la dirección de ambos centros hospitalarios y ambos enviaron un correo interno a los trabajadores en los que pedían perdón si "en algo" se habían equivocado.

Sin embargo, en el caso de Baleares, el Govern ha considerado justificado que los gerentes y otros directivos de los hospitales más pequeños, como son los de Manacor, Inca y Mahón, se vacunaran junto al personal que trata directamente a pacientes con covid por estar muy expuestos al virus.

Según ha opinado el Servicio de Salud de Baleares, gerentes, directores médicos y directores de enfermería, aunque no atiendan directamente a los enfermos, son "personal esencial" para el funcionamiento de los hospitales.

En la misma línea se ha pronunciado hoy la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) que ha publicado un comunicado en el que considera "imprescindible" la vacunación de los equipos directivos, tanto como el resto de profesionales sanitarios.

Sobre ello, el líder del PP, Pablo Casado, ha querido dejar "muy clara" cuál es la ejemplaridad que exige a su partido. "Estas cosas no hay que hacerlas con golpes de pecho ni con tribunales de santo oficio (...) hay que hacer que un partido sepa qué se exige de la dirección nacional y que, al final, se responda en consecuencia", ha argumentado Casado al ser preguntado por la dimisión del concejal murciano.

También, el Partido Popular de Zaragoza ha abierto expediente a su alcalde en la localidad de Luesia, Jaime Lacosta, a quien le ha exigido que dimita por haberse administrado la vacuna contra la covid-19, han confirmado a Efe fuentes del partido.

Dirigentes autonómicos como el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha ido más allá al determinar que ninguna de las personas que ha recibido la vacuna de manera improcedente debe recibir la segunda dosis, una decisión que no comparte el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simon, quien opina que sería caer en el error de cometer "dos fallos seguidos".

Por su parte, el presidente de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, ha recordado: los políticos "no pueden ser los primeros, sino los últimos".

Con este escenario, Cs ha anunciado este jueves que promoverá en todos los parlamentos autonómicos una propuesta para que el plan de vacunación sea transparente y que los partidos se comprometan a cesar a cualquiera de los suyos que se vacune "saltándose la cola".