EFEMadrid

El juez del caso Tándem ordenó el embargo de 53 fincas al excomisario José Villarejo dos días antes de dejarle en libertad y tras recibir un informe de la Policía que elevaba a más de 23,5 millones de euros sus ganancias por una quincena de proyectos por los que fue contratado entre 2004 y 2016.

A 23.552.861 euros asciende, en concreto, el total de "fondos recibidos" por Villarejo a cambio de "servicios ilícitamente contratados", un dinero que después se canalizaba mediante una serie de sociedades, algunas radicadas en el extranjero.

Consta en un informe que la Policía remitió el 25 de febrero al juez de la Audiencia Nacional que investiga a Villarejo y que el miércoles decretó su libertad al constatar que no podía ser juzgado antes de cumplirse el máximo de cuatro años de prisión preventiva.

Pero dos días antes de hacerlo, el 1 de marzo, el magistrado dictó un auto en el que ordenaba "el embargo y prohibición de disponer" de 53 bienes inmuebles localizados en municipios madrileños como Boadilla del Monte o Alcobendas; o en otros de Málaga como Estepona o Benalmádena; y también de participaciones empresariales.

Según el juez, el objetivo no es tanto asegurar las eventuales responsabilidades civiles o "el decomiso" de las propiedades, sino "llevar a efecto la realización del valor" de los bienes "que son objeto del delito investigado" y que "supondrían un incremento injustificado del patrimonio".

Iron, Land, July o Wine son los nombres de algunos proyectos citados por la Policía en su informe y que están investigados. Por ellos, Villarejo habría cobrado desde 20.000 euros "en metálico" por Thew (pieza 6), a 10,2 millones por "proyectos varios desde 2004", investigado en la pieza 9, hasta sumar en conjunto esos 23,5 millones. El llamado Pit le habría reportado 7,4 millones, mientras que en King sería 1,9 millones, según los agentes.

Los investigadores creen que hay "sólidos indicios" de que Villarejo "controla" un "complejo entramado societario" constituido en España y en paraísos fiscales como Panamá, o "territorios considerados no cooperantes" como Uruguay para traer los fondos recibidos "por sus ilícitos servicios" e invertirlos.

Las empresas de dicho entramado tienen un capital social "superior" a 20 millones de euros, explica el juez, que recuerda que su estructura "dificulta la identificación de su titularidad real", pero que, hasta el momento, aparecen vinculados como "socios, partícipes, administradores o apoderados" Villarejo; su mujer, Gemma Alcalá; su socio, Rafael Redondo, y el también investigado Juan Carlos Escribano.

Recuerda, además, que en 2018 la Policía valoró en 16,7 millones el "patrimonio inmobiliario total" del grupo CENYT -propiedad de Villarejo- hasta entonces localizado.

A lo largo de su auto, el juez hace un recorrido por la maraña de empresas vinculadas a Villarejo, de quien dice habría dispuesto de un "inmenso patrimonio inmobiliario" gestionado a través de "sociedades interpuestas".

Tras constatar la Policía la dificultad del seguimiento del "flujo real" de los fondos, que viajaban entre cuentas a través de "múltiples transferencias" y movimientos, el juez accede a su petición de adoptar medidas para asegurar los bienes detectados.