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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha rechazado los "comportamientos no ejemplares" del rey emérito Juan Carlos I y ha dicho que si hay responsabilidades judiciales "tendrá que asumirlas", aunque en el caso de la demanda por presunto acoso presentada por Corinna le corresponde decidir a la Justicia inglesa.

La corte número 13 de la Queen's Bench Division del Tribunal Superior de Londres empezó a examinar el lunes el caso presentado por Corinna, antigua amante de Juan Carlos I, contra el rey emérito por haber sido víctima de presunto acoso desde 2012.

Sin embargo, la defensa de Juan Carlos I argumentó el mismo lunes ante el Tribunal Superior de Londres que el rey emérito tiene derecho a la inmunidad frente a las cortes inglesas y que, por lo tanto, la corte no tiene jurisdicción en este caso.

"Las cuestiones jurídicas yo creo que corresponderá resolverlas en su caso al juez de Inglaterra", ha dicho este miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles, preguntada sobre si la Justicia inglesa puede actuar contra el rey emérito o si éste mantiene su derecho a la inmunidad.

Durante una visita a la Brigada Almogávares VI de Paracaidistas, en la Base Príncipe, en Paracuellos del Jarama (Madrid), la ministra de Defensa ha recordado que la Fiscalía española tiene también "unas actuaciones en marcha" referentes al rey emérito.

"Los comportamientos del rey emérito son evidentes que no nos gustan a ninguno, si hay responsabilidades tendrá que asumirlas", ha añadido.

No obstante, ha señalado que esos comportamientos, "que no son en absoluto ejemplares, no pueden de ninguna manera empañar la gran labor del rey Felipe VI".

"Es un ejemplo su monarquía de modernidad y ejemplaridad", ha añadido sobre el actual rey.

Recientemente, la Fiscalía ha prorrogado seis meses más las investigaciones que tiene abiertas a Juan Carlos I en el Tribunal Supremo por sus presuntos fondos irregulares en el extranjero.

El rey emérito tiene abiertas tres investigaciones en España: una sobre un presunto cobro de comisiones de las obras del tren de alta velocidad Medina-La Meca (Arabia Saudí), de las que se hizo cargo un consorcio de empresas españolas; otra sobre donaciones no declaradas y una tercera por posible ocultación de fondos en paraísos fiscales.