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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece esta semana en el Congreso para dar cuenta del caso Pegasus y lo hace el mismo día en el que el Ejecutivo superará previsiblemente tres leyes clave en esta Legislatura: la del solo sí es sí, la Ley Zerolo y la nueva Ley Audiovisual.

Tres leyes que pasarán a ser tramitadas en el Senado y que han tenido que ser muy negociadas tanto con los socios del gobierno de coalición, Unidas Podemos, como con los aliados parlamentarios.

Con el telón de fondo del espionaje a políticos independentistas y al propio presidente del Gobierno, Sánchez acude al Congreso el jueves a petición de ERC, EH Bildu, y del grupo Plural que le siguen pidiendo responsabilidades por el caso Pegasus pero que en los últimos días han bajado el tono de sus críticas.

De hecho horas después quedará patente el acercamiento entre el Ejecutivo y los republicanos con la aprobación del dictamen de la nueva Ley Audiovisual, pactada con ERC en el marco de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, y que también contenta al PNV.

Aunque el caso Pegasus sigue acechando las relaciones, lo cierto es que Sánchez quiere retomar cuanto antes la confianza con ERC y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, también ha mostrado su disposición a tender puentes de cara a la próxima reunión que mantendrán y de la que todavía no hay fecha.

De momento en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso del martes -a la que el presidente no asistirá por coincidir con el Foro Económico Mundial de Davos- será la portavoz de JxCAT, Miriam Nogueras, la que pregunte al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si tiene conocimiento de que su ministerio hubiera adquirido algún sistema de espionaje para espiar a opositores.

ERC, JxCAT, Bildu, PDeCAT, BNG y la Cup han solicitado también la comparecencia del defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para que de cuenta de los contenidos y conclusiones de la investigación que ha realizado sobre el escándalo Pegasus.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, será interrogada por Vox, que querrá saber si cree que los trabajadores del CNI se sienten respaldados por ella, mientras que el PP recriminará a Marlaska el trato que el jefe del Ejecutivo ha dado en su última sesión de control en el Congreso a la Policía Nacional y a la Guardia Civil al llamarles "piolines".

ERC, en otro sentido, centrará su pregunta en la visita del rey emérito a España e incidirá en si el Gobierno piensa acabar con los privilegios de la familia real.

En el Congreso tanto Unidas Podemos como los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez y otras formaciones de izquierdas e independentistas siguen reclamando una reforma de la Constitución para revisar la inviolabilidad del rey después de que hayan solicitado sin éxito decenas de comisiones de investigación sobre el patrimonio de Juan Carlos I.

En esta Legislatura, la Mesa del Congreso, con la mayoría de votos del PSOE, PP y Vox, ha rechazado al menos hasta seis peticiones de comisión de investigación para conocer los gastos públicos del rey emérito argumentando la inviolabilidad del emérito.

En este sentido, ERC ha vuelto a pedir estos días al Gobierno una auditoría de todos los gastos atribuibles a Juan Carlos I durante su estancia en los Emiratos Árabes Unidos desde que se marchó en agosto de 2019 y también los asignados a los miembros de la casa real.

Los republicanos han registrado una batería de iniciativas, desde preguntas al Ejecutivo para su contestación por escrito hasta una proposición no de ley que solicita la elaboración de un informe en un plazo de tres meses con todos los gastos atribuibles a cualquiera de los departamentos del Gobierno destinados a la manutención, seguridad y representación del rey emérito durante su estancia en los Emiratos Árabes Unidos.

Otras formaciones parlamentarias como JxCAT o el BNG han solicitado además las comparecencias de Marlaska o del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por proteger a un exjefe de Estado "envuelto en numerosos escándalos económicos y fiscales", como ha reprochado el diputado gallego Néstor Rego.