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El acuerdo definitivo entre el PSOE y el PP para la renovación institucional está "muy encauzado" y ambos partidos mantendrán reuniones constantes en el día de hoy para terminar de coser esta misma semana el listado de nombres que renovará el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.

El pacto podría ser inminente. Fuentes del PP indican que está avanzado. La interlocución fluida entre los populares y los socialistas se mantuvo también ayer, cuando se siguió perfilando el acuerdo, a pesar de las críticas del partido de Pablo Casado al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de blanquear a EH Bildu a cambio de los votos de los presupuestos.

En las reuniones, que han sido tanto telemáticas como presenciales en el Congreso, PSOE y PP están de acuerdo en cuál debe ser el perfil de la renovación: perfiles técnicos e independientes -sin políticos ni expolíticos- en el caso del Tribunal Constitucional y del de Cuentas, y un nombre de cariz más político en el Defensor del Pueblo.

En este último caso, el PSOE mantiene la propuesta del exministro de Educación y exportavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, al que el Partido Popular no ha puesto pegas en público y tampoco en privado.

Caso distinto es el del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, un nombre que el PP rechaza para el plantel del Tribunal Constitucional y que según informan fuentes de este partido nunca ha estado encima de la mesa de negociación.

Al frente de la negociación han estado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el número dos del PP, Teodoro García Egea. La intención de ambos grupos es comunicar los nombres finalmente pactados al mismo tiempo, como ya hicieron la semana pasada al informar de que se había logrado un acuerdo, en el que sólo faltaban los nombres.

En el PP recalcan que es compatible acordar la renovación institucional con criticar la normalización de la izquierda abertzale por parte del Gobierno y exigir a Sánchez que rompa con EH Bildu, como hizo ayer Casado y continúan haciendo este jueves los populares.

Ambos partidos deben alumbrar cuatro nombres para el Tribunal Constitucional, dos cada uno, seis para el Tribunal de Cuentas y uno para el del Defensor del Pueblo, pendiente de renovar desde 2017. Es necesario que el Congreso y el Senado avalen los nombramientos con una mayoría cualificada de tres quintos.

Además, tanto el PSOE como el PP están dispuestos a seguir hablando acerca de la renovación del Consejo General del Poder Judicial cuando culmine la negociación de estos órganos constitucionales, aunque los populares no se mueven de su exigencia de una reforma para modificar el método de elección y que los magistrados elijan de forma directa a la mayoría de los vocales.