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El caso por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua en octubre de 2016 llega hoy al Tribunal Supremo, que revisará la condena de entre 2 y 13 años de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a los ocho jóvenes acusados.

No entrará el tribunal, presidido por el juez Andrés Martínez-Arrieta, en el debate sobre si incurrieron o no en un delito de terrorismo del que la Fiscalía siempre les acusó hasta el punto de pedir entre 12 y 62 años de cárcel para ellos.

Tras dos sentencias de la Audiencia Nacional, la de la Sala de lo Penal y la de la Sala de Apelaciones, que rechazaron que aquello fuese terrorismo, la Fiscalía decidió no recurrir al Supremo, como tampoco lo hicieron las otras acusaciones, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite).

Lo que sí hará la Fiscalía durante la vista será impugnar los recursos de los ocho condenados, que apuestan por su absolución, y pedir que se ratifique la condena.

Son Iñaki Abad, Jokin Unamuno, Ohian Arnanz, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola, Adur Ramírez y Ainara Urkijo. Fueron condenados por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, pero no por terrorismo al no ver el tribunal que la agresión tuviese tal finalidad o se pudiese vincular con la estrategia de ETA.

Los hechos se remontan al 15 de octubre de 2016 cuando los dos guardias y sus parejas fueron increpados en el bar Kotxa de Alsasua y rodeados por un grupo de unas 25 personas que les gritaban para que se fueran con expresiones como "os vamos a matar por ser guardias civiles", "hijos de puta", "cabrones" o "txakurras".

Así consideró probado la Audiencia Nacional, que señaló en su sentencia que los acusados les propinaron "golpes, patadas y puñetazos" hasta el punto que el teniente de la Guardia Civil cayó porque una de las patadas le produjo la rotura de la tibia y el peroné.

De hecho, apreció las agravantes de abuso de superioridad y de odio y consideró probado que actuaron por animadversión a la Guardia Civil y por motivos ideológicos.

No piensan lo mismo los acusados, que insistirán durante la vista en su absolución, si bien alguno también planteará como alternativa una posible reducción de condena o la eliminación de las agravantes.

De los ocho, siete están en prisión y solo Urkijo -sobre quien recayó la pena más baja, 2 años por amenazas y desórdenes públicos- continúa en libertad.

Desde que sucedieron los hechos, los familiares de los acusados, aunados en la plataforma Altsasu gurasoak, han criticado las sentencias de la Audiencia Nacional y han convocado diversas manifestaciones en protesta de unas penas que consideran desproporcionadas.