EFEBarcelona

El presidente del Parlament, Roger Torrent, tiene hasta el lunes para decidir si obedece al Tribunal Supremo y cumple la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar el acta de diputado a Quim Torra o si deja que el president vote en el Parlament, con el riesgo de incurrir en un delito de desobediencia.

Torrent ya ha convocado el pleno, que se aplazó esta semana por el temporal, para el próximo lunes a las 15:00 horas y será entonces cuando se verá si el presidente de la Generalitat ejerce con normalidad su condición de diputado y vota en el primer punto del orden del día previsto: los presupuestos del Parlament.

Torra ya ha dejado claro esta semana que sigue siendo diputado y presidente de la Generalitat pese a la decisión del Tribunal Supremo de mantener la orden de la JEC para su inhabilitación, como consecuencia de la sentencia -aún no firme- que pesa sobre él por desobediencia.

La Junta Electoral Provincial, siguiendo las directrices de la JEC, dio este pasado jueves un plazo de 48 horas al Parlament para que comunique qué representante de JxCat sustituirá a Torra.

A diferencia de cómo actuó con el anterior pronunciamiento del Supremo, Torrent ha guardado esta vez silencio, si bien fuentes de su entorno han asegurado que ha declinado pedir un nuevo informe a los letrados de la Cámara catalana, al entender que sigue vigente el que ya redactaron hace unas semanas concluyendo que la Junta Electoral Central (JEC) no podía retirar el acta a Torra aunque el Supremo hubiese rechazado las medidas cautelarísimas.

De hecho, los letrados, que este viernes han celebrado una reunión ordinaria, no tienen previsto emitir un nuevo informe de oficio y dejan el asunto en manos de la Mesa, pues consideran que, indistintamente de lo que digan sus pronunciamientos, que no son vinculantes, retirar o no el acta a Torra es al fin y al cabo una decisión política.

Con todo, el reloj sigue corriendo y las presiones se ciernen sobre Torrent, que ha convocado el lunes al mediodía, antes del pleno, una reunión de la Mesa que se prevé convulsa.

Desde la oposición, el PP ya ha avisado de que si Torrent deja votar a Torra en el pleno del lunes, procederán a presentar una querella por prevaricación y desobediencia contra el presidente del Parlament.

Desde la Oficina del Presidente de la Generalitat se ha emitido un comunicado que anuncia que Torra se reserva la posibilidad de emprender acciones legales por presunta coacción a Torrent, al entender que se están ejerciendo presiones "insostenibles" al presidente del Parlament.

Torra también se plantea emprender acciones legales por presuntas calumnias contra quienes le acusan de usurpador, el calificativo que le dedicó la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

En este contexto, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó (JxCat), se ha mostrado convencida de que la Mesa del Parlament hará "efectiva" la resolución de la Cámara que ratificó el pasado 4 de enero a Quim Torra como president y diputado, por lo que ni "contempla" que se le retire el acta.

En cambio, Ciudadanos y PPC mantienen desde el primer momento que desde que la JEC emitió su orden Torra no es diputado y advierten a Torrent de consecuencias penales si le deja votar.

Por su parte, el PSC considera que el Parlament debe obedecer al Tribunal Supremo y cumplir con la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar el acta de diputado autonómico a Quim Torra, lo que no significa que tenga que dejar de ser presidente de la Generalitat.

A su entender, el contexto ha cambiado después de que el Supremo rechazara suspender de forma cautelar la orden de la JEC de retirar el acta de diputado a Torra por la condena -aún no firme- de desobediencia que pesa sobre él por no haber retirado a tiempo símbolos partidistas en período electoral. Tras conocer el contenido de esta resolución, el PSC ha consultado con diversos juristas y, finalmente, ha concluido que lo que procede es dejar a Torra sin escaño, pero no sin el cargo de presidente autonómico, tal y como piden Ciudadanos y PPC.

La CUP no se opone a un nuevo informe, si bien creen que no es necesario porque entienden que ya quedó claro que la JEC no es competente y que la decisión por tanto recae en Torrent.

Todo ello se dirimirá el lunes, en la reunión de la Mesa del Parlament convocada a las 12.30 horas.