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La aerolínea Alitalia, en concurso de acreedores desde 2017, ha cancelado más de 350 vuelos entre el 12 y el 14 de diciembre por la huelga del sector aéreo de 24 horas convocada para el 13 de diciembre, para protestar por la situación de la empresa.

Los tres principales sindicatos italianos han convocado este paro para protestar por el callejón sin salida en el que se encuentra la aerolínea, que no es capaz de atraer inversores privados para que inyecten dinero en un plan de salvamento y Roma se resiste a su liquidación, porque en el pasado fue la aerolínea de bandera.

Alitalia explica en su página web que ha cancelado 315 vuelos para la jornada del 13 de diciembre y otros 46 para la tarde del 12 de diciembre y las primeras horas del 14 de diciembre.

Los vuelos suspendidos son nacionales e internacionales y para el 13 de diciembre hay varios que proceden o tienen como destino Madrid, Barcelona, Málaga, Bruselas, Londres, Fráncfort, Roma, Milán o Nápoles; mientras que la mayoría de los cancelados la tarde del 12 de diciembre y la mañana del 14 son nacionales.

Alitalia garantiza que los vuelos programados para las fases horarias de entre las 7:00 y las 10:00, y de 18:00 a 21:00 (- 2 GMT) operarán con normalidad.

Además, ha previsto reubicar a gran parte de los pasajeros en aviones de mayor capacidad para reducir sus molestias y confía en que "la mitad puedan viajar el mismo 13 de diciembre".

La aerolínea recomienda a todos los clientes consultar el estado de su vuelo antes de ir al aeropuerto, a través de la página web o el teléfono de atención al cliente; y aquellos que vean sus itinerarios cancelados o con retrasos de más de cinco horas podrán "cambiar la reserva sin penalización o solicitar un reembolso".

El Gobierno italiano nombró el 6 de diciembre a un único administrador para salvar a la aerolínea Alitalia, en sustitución de los tres gestores que se han hecho cargo hasta ahora, y tendrá de plazo hasta el 31 de mayo para intentar encontrar potenciales compradores.

En este tiempo, la aerolínea seguirá funcionando gracias a un crédito de 400 millones de euros concedido por el actual Ejecutivo, que se suma a los 900 millones prestados en 2017 por el entonces Gobierno del Partido Demócrata, que la Comisión Europea estudia si fue ayuda estatal ilegal.