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El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado este miércoles que su ministerio pretende impulsar en los próximos meses la reforma de la ley de defensa de los consumidores y usuarios para "prohibir definitivamente" el uso de los números de tarificación adicional, los conocidos como 902, que son utilizado en numerosos servicios telefónicos de atención al cliente.

Lo ha afirmado en el Congreso en su comparecencia sobre los presupuestos asignados a su ministerio, una intervención en la que ha reivindicado el papel de su departamento con la puesta en marcha de medidas para regular los juegos de azar, prevenir la obesidad infantil, clarificar el etiquetado de alimentos y vigilar la seguridad en el mercado de consumo, al tiempo que ha apuntado a la importancia de "una dotación presupuestaria" para seguir impulsando iniciativas que mejoren la protección y derecho de los consumidores.

Ha explicado que el Ministerio de Consumo tiene la intención de llevar al Congreso en pocos meses una modificación de Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, concretamente del artículo 21, para prohibir la tarificación adicional de las líneas 902.

Consumo ya había anunciado que estudiaba su prohibición y que lo haría en de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE para evitar que las compañías puedan aplicar un exceso de precio a las llamadas a sus servicios de atención al cliente y por considerarlo una medida de "justicia social" que acabaría con "un abuso generalizado" que se ha agravado con la pandemia y las restricciones de aforo, movilidad y presencialidad.

El ministerio de Garzón también aclaró que abriría previamente un proceso de consulta pública a la ciudadanía y con las asociaciones de consumidores y recordó que legalmente las empresas deben disponer de un número que no tenga coste superior al de la tarifa básica para los servicios de atención telefónica.

En su comparecencia Garzón también ha afirmado que la reforma de la ley del consumidor que pretende llevar al Congreso introducirá también la definición de "consumidor vulnerable" con el fin de "homogeneizar" y definir dicha figura, en aras de proteger a las personas que se encuentran en situación de indefensión.

El ministro ha usado su comparecencia para detallar las líneas generales de su departamento, que contará con un presupuesto de 41 millones de euros, una cuestión que ha suscitado las críticas de varios partidos de la oposición.

Así, el PP ha cuestionado su utilidad y ha pedido el cierre de un ministerio que tiene "muy pocas competencias", cuenta con una dotación presupuestaria hasta 700 veces inferior a la de otros ministerios y que solo sirve para justificar "un sillón" en el Gobierno con el que atacar a la monarquía, subir los impuestos e intentar controlar la Justicia y los medios de comunicación.