EFEMadrid

El Open Arms espera la evacuación urgente de un bebé con problemas respiratorios y de sus familiares, cuando se cumplen 12 días de espera para desembarcar en un puerto seguro a 151 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo y mientras continúa el cruce de declaraciones entre los responsables de la organización y miembros del Gobierno de Pedro Sánchez.

Las autoridades italianas acogerán al bebé, que será trasladado en las próximas horas a la isla de Lampedusa (sur), ya que, según ha explicado a Efe la portavoz de la organización, Laura Lanuza, Malta ha acudido con un helicóptero al barco para proceder a la evacuación pero no podía trasladar a la isla a toda la familia.

Por eso, la organización ha pedido después a las autoridades italianas que envíen una barca desde Lampedusa, pues la embarcación de la ONG se encuentra a pocas millas de su costa, y han aceptado.

Open Arms ya logró ayer el desembarco en Malta de 8 personas, que se sumaron al del pasado domingo en Italia, un inmigrante enfermo de tuberculosis, y de otras tres mujeres, dos de ellas en avanzado estado de gestación, el pasado 3 de agosto.

Y es que "cada día que pasa es más difícil" la vida en esta embarcación, donde los doce días de "abandono" empiezan a hacer mella entre sus ocupantes, ha relatado la propia ONG en su cuenta de Twitter, en la que califica de "infame el silencio de Europa" y asegura que "la falta de humanidad y empatía les hace más culpables".

A pesar de ello, Italia insiste en que el Open Arms debe poner rumbo a España, y el ministro del Interior de ese país, Matteo Salvini, ha reiterado que no abrirá sus puertos ni a esta nave ni a la de Viking Ocean, de Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranée, que también espera en alta mar poder llevar a tierra a 356 inmigrantes, entre ellos 103 menores de edad.

En un comunicado divulgado este martes en Barcelona, MSF reitera que "no devolverán a nadie a Libia bajo ninguna circunstancia".

Entretanto, la Comisión Europea ha apelado a la "solidaridad" y "voluntad" de los Estados miembros para desembarcar o reubicar a los inmigrantes, ha mantenido que ninguno de ellos ha solicitado todavía al Ejecutivo comunitario que coordine estas labores y ha insistido en que Bruselas no tiene competencia para decidir al respecto.

En España, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sostenido que lo "más sensato" es que el Open Arms se dirija al puerto más cercano, que es el de Lampedusa en la costa italiana, y allí se atienda a los inmigrantes que están a bordo.

Además, la titular de Hacienda ha criticado que el buque español haya pedido a la embajada española en Malta asilo para 31 menores que se encuentran a bordo y ha cuestionado que "ni la persona que la ha realizado ni el capitán del barco" tienen legitimidad jurídica para hacerlo.

Una opinión que ha reafirmado el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, quien, en declaraciones a Telecinco, ha sugerido que la actuación del Open Arms ha sido para "seguir manteniendo la cuestión viva".

Ábalos ha aclarado que el barco de la ONG catalana no ha pedido dirigirse a un puerto español y ha opinado que las últimas acciones del barco humanitario "son para presionar al Gobierno de Italia para que cumpla esa labor humanitaria".

"No ha pedido venir a España", según le ha replicado el fundador de la organización, Óscar Camps, "por el riesgo que supondría para sus ocupantes otros cinco días de travesía por el mar" y ha acusado al ministro de "tratar de mantener un pulso (débil) contra el Gobierno ultra del señor @matteosalvinimi a costa de atacar a las ONG’s que operamos en aguas del Med".

Paralelamente, el coordinador legal del buque español, Jaime Rodrigo de Larrucea, ha insistido en que España tiene la obligación legal de tramitar el asilo que el capitán del barco ha solicitado y se ha referido al artículo 176 de Ley de Navegación Marítima de 2014.

La normativa, ha añadido el letrado, indica que el capitán es el representante del Estado a bordo y ejerce funciones públicas en alta mar y destaca que, además, la Ley de Asilo "permite la facultad de solicitar esa protección internacional ante embajadas".

En este sentido, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha recordado que muchos de los auxiliados tanto por el Open Arms como por el Ocean Viking "son supervivientes de terribles abusos en Libia" y por ello "necesitan asistencia humanitaria".

Otras ONG también han alzado su voz para pedir una solución, de forma que el presidente del Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), Carlos Berzosa, ha remitido una carta a Pedro Sánchez para pedirle impulsar una nueva política migratoria que "contemple un plan de desembarco seguro y un plan de acción".

Hasta ese momento, Cear quiere que España ofrezca un puerto al Open Arms "de manera inmediata" porque "cada desembarco no puede convertirse en un pulso entre estados para ver quién cierra más férreamente sus fronteras".

También la red Migrantes con Derechos, integrada por Cáritas, CONFER, Justicia y Paz y la Comisión Episcopal de Migraciones, han denunciado la pasividad de España, Italia y Malta.

Quien de momento ha respondido a estas súplicas es el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, que ha ofrecido su ciudad en una carta enviada al presidente del Gobierno en funciones.

“Permanecer de brazos cruzados” ante esta situación es situarse "junto a los Salvinis, Le Pens y Abascales y a las voces que quieren llenar nuestra fronteras de insolidaridad y alambres que hieren la piel hasta dejarlas jirones”, ha señalado Kichi.