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Juan Carlos Márquez, directivo de la petrolera venezolana PDVSA durante la época de Hugo Chávez, ha sido hallado ahorcado en una casa de Alcobendas (Madrid) tras empezar a colaborar el pasado viernes con el juez que le investigaba dentro de la trama de blanqueo del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo.

Según han indicado a Efe fuentes de la investigación, el cuerpo sin vida del hombre, de 48 años, se encontró ayer a las 15.00 horas en una vivienda de esa localidad madrileña.

En principio se difundió erróneamente de que Márquez había cogido un avión para fugarse a EE.UU., ya que el juez que lleva el caso, Santiago Pedraz, fue informado este fin de semana de que figuraba en la lista de pasajeros de un vuelo a Chicago y de que las autoridades norteamericanas iban a ordenar su deportación inmediata a España.

Pedraz le había tomado declaración el pasado viernes tras ser detenido y le dejó en libertad con medidas cautelares porque había colaborado confesando hechos relacionados con la trama de Morodo, según han informado a Efe fuentes de la investigación.

Márquez tenía reservado un vuelo para viajar a EE.UU. después de esa declaración, pero no lo llegó a coger y su cuerpo fue encontrado ayer con esos signos de suicidio.

De hecho, según fuentes de la Audiencia Nacional, debía volver a comparecer este lunes ante el magistrado José de la Mata en sustitución de Pedraz y ante su ausencia el juez ha pedido información a la Policía sobre su muerte.

A Márquez, que fue directivo de PDVSA, se le investiga dentro de la causa por la que el pasado mayo se detuvo al hijo de Raúl Morodo, Alejo, y otras tres personas que pasaron a disposición del juez y quedaron en libertad con medidas cautelares.

Aparte de Morodo padre e hijo, están siendo investigados y fueron detenidos Carlos Prada, un venezolano afincado en España vinculado a los Morodo para los supuestos cobros y el blanqueo, la mujer de este y la esposa de uno de los investigados.

En el caso se indaga el cobro de 4,5 millones de euros de PDVSA por parte de Morodo hijo mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera entre 2012 y 2015, cuando Raúl Morodo ya no era embajador en Venezuela.

Según sospecha la Fiscalía Anticorrupción, el dinero se blanqueó luego mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados.