EFEGinebra

Filipinas atribuyó hoy a su campaña contra el narcotráfico -que ha causado más de 7.000 muertos en diez meses- la reducción en un 30 % de los crímenes en su territorio, en un informe elaborado de cara a la revisión periódica a la que se someterá el lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El país presidido por Rodrigo Duterte hizo esta conclusión en un informe previo al Examen Periódico Universal sobre sus derechos y obligaciones como Estado miembro de Naciones Unidas ante el Consejo de Derechos Humanos.

"Los datos recabados muestran que, desde que empezó la campaña contra las drogas ilegales el 1 de julio de 2016, se ha reducido el total de crímenes en un 30 %, lo que muestra una correlación entre el consumo de drogas y la tasa de criminalidad", asegura el informe.

De acuerdo con el texto presentado, "estas cifras demuestran que el narcotráfico es una cuestión de seguridad" y que la operación policial en marcha "protege el derecho a la vida, a la salud y a la seguridad personal del pueblo" e impide que el país asiático "se convierta en un narco-Estado".

Según relatores especiales de la ONU y activistas, la "guerra contra las drogas" concedió impunidad a los asesinatos de supuestos traficantes y adictos, tras lo que Filipinas recibió duras críticas de países y organizaciones internacionales por presuntamente violar los derechos humanos de la población.

En este sentido, el informe se hace eco de las declaraciones de Duterte en las que niega rotundamente que "la policía promueva, condone, sancione o aliente las ejecuciones extrajudiciales".

"No existe una política de Estado pensada para matar a los traficantes, a los criminales o a los disidentes", apunta el texto elaborado por Manila, que, además, afirma que "todas las operaciones policiales y militares se realizan dentro de los límites de la ley".

En esta línea, las autoridades rechazan las "alegaciones maliciosas y propagandísticas que afirman que las muertes bajo investigación policial son ejecuciones extrajudiciales relacionadas con la campaña antidrogas".

Además, afirman que se han resuelto el 23 % del total de casos de fallecimientos registrados, con la conclusión de que "la gran mayoría no tienen nada que ver con las drogas".

Por su parte, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU remarcó en un informe previo al Examen Periódico Universal de Filipinas que la campaña liderada por Duterte había dado lugar a denuncias de asesinatos de consumidores y pequeños traficantes de drogas.

El organismo de Naciones Unidas agregó que es necesario "con urgencia poner término a todas las ejecuciones extrajudiciales y a la instigación a cometer actos de esa índole", y recordó que "los métodos que emplea el Gobierno para combatir el consumo de drogas ilegales deben ajustarse a las normas internacionales".