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La detención en Cerdeña del expresidente catalán, Carles Puigdemont, pone a prueba la apuesta por el diálogo con Cataluña impulsada por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, además en un momento de especial relevancia porque las primeras conversaciones para encauzar los presupuestos ya han comenzado.

El papel de ERC es clave en ambas negociaciones, una vez que JxCAT, su socio en el Govern de la Generalitat, prefirió no sumarse a la mesa de diálogo activada en Barcelona hace apenas una semana por Sánchez y el presidente Pere Aragonès, así que todas las miradas se fijan ahora en cómo reaccionarán los republicanos.

Por su parte, el presidente del Gobierno ha dejado bien claro en una comparecencia desde la isla de La Palma que su empeño por el diálogo sigue intacto, si bien ha vuelto a pedir a Puigdemont que se ponga a disposición de los tribunales españoles, desvinculando así su situación del rumbo de otras posibles negociaciones.

"Hoy más que nunca es importante reivindicar el diálogo, porque el diálogo es la única vía para poder reencontrarse", ha proclamado.

Del mismo modo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido, respecto al impacto que lo sucedido en Cerdeña pueda tener a la hora de pactar los presupuestos, que "los políticos deben pensar en el interés general de los ciudadanos y no en una situación personal de un dirigente".

Tras Sánchez ha comparecido Pere Aragonès en Barcelona después de una reunión extraodinaria del Govern, para exigir la "libertad inmediata" de Puigdemont y anunciar que viajará hoy mismo a la isla de Cerdeña a fin de seguir de primera mano todo lo que suceda con el expresidente.

Aragonés no ha dudado en considerar "gravísima" la situación porque, ha advertido, "no ayuda en nada" al proceso de resolución del "conflicto político" catalán ni genera "confianza entre las partes", y ha revelado contactos en las últimas horas entre los equipos de la Generalitat y de Moncloa.

De modo que los cauces entre ambas instituciones siguen abiertos, pero todavía es pronto para evaluar el alcance que la aplicación de la euroorden pueda tener en rumbo de un curso político marcado desde ya por unos presupuestos que deberían contribuir a la necesaria recuperación económica.

Suceda lo que suceda con Puigdemont está claro que su detención le ha puesto, aunque sea momentáneamente, en el centro del debate político, y ha dado munición a sus fieles de JxCAT para justificar su espantada de la mesa catalana y alentar una vía soberanista beligerante, alejada de la más pragmática defendida por ERC.

El vicepresidente catalán, Jordi Puigneró, ha afirmado que el tiempo "está dando la razón" a quienes apuntaban que la mesa catalana no iba a detener la "represión", mientras la presidenta del Parlament, Laura Borràs, expresaba "perplejidad" por la actitud de Italia al capturar a Jordi Pugidemont e instaba a los catalanes a movilizarse en favor de la autodeterminación.

De momento, a la concentración de protesta convocada esta misma mañana ante el Consultado de Italia en Barcelona se ha sumado otra convocatoria para el domingo a cargo de entidades independentistas que buscan recuperar el protagonismo en la calle tras una Diada que este año ha sido menos multitudinaria.

Dentro del propio Gobierno, la ministra de Derechos Sociales y líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, se ha limitado a recalcar que el Ejecutivo apuesta por el diálogo antes que la "judicialización" de la política, después de que el presidente de su grupo parlamentario en el Congreso, Jaume Asens, hubiera tachado de "ilegal" la detención del expresidente Puigdemont.

También aquí está por ver el peso que la cuestión catalana y las derivaciones judiciales del caso de Puigdemont puedan tener para complicar la elaboración de las cuentas públicas del próximo año, hasta ahora marcada para los socios de gobierno por asuntos de calado muy económico, como los impuestos a las grandes empresas, la regulación del alquiler o la reforma laboral.

Fuera del ámbito del Ejecutivo, la oposición no ha dudado en aprovechar la oportunidad para cargar las tintas a la hora de exigir la extradición y puesta a disposición de Puidgemont ante el Tribunal Supremo, cuya euroorden de 2019 ha motivado su detención.

El líder del PP, Pablo Casado, ha instado a Sánchez a hacer todo lo posible para que sea juzgado en España mientras el vicesecretario de comunicación del partido, Pablo Montesinos, le ha pedido además que rompa sus acuerdos con ERC.

Vox ha anunciado que tratará de personarse en la causa para impulsar el enjuiciamiento del arrestado y por parte de Cs Inés Arrimadas ha puesto énfasis en las consecuencias que el episodio sardo de Puigdemont pueda tener de cara a la negociación presupuestaria y por ello ha invitado a los socialistas a explorar "otras mayorías alternativas y constitucionales".

Antonio del Rey