EFESevilla

La primera sentencia del caso de los ERE, comunicada este martes sin filtraciones previas, ha dejado con una mala cara que no han podido disimular a los 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados a un total de 68 años de cárcel y 253 de inhabilitación. Esperaban condenas duras, pero quizás no tanto.

Mientras se les comunicaba la sentencia a los acusados, la jueza que empezó a instruir el caso en el 2011, Mercedes Alaya, celebraba un juicio en la planta superior, y cuando acabó la vista oral rehusó hacer ningún comentario a los periodistas que le preguntaron. "Solo conozco la sentencia por comentarios de pasillo", se limitó a decir.

El presidente socialista andaluz José Antonio Griñán entre los años 2009 y 2013 fue de los que llegó con peor semblante, que recuperó en parte durante la espera para conocer la sentencia gracias a los abrazos y las muestras de afectos de subordinados y compañeros, como su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, condenado solo a inhabilitación.

Sin embargo, cuando conoció que la Audiencia de Sevilla le condenó a seis años de prisión y quince de inhabilitación (la Fiscalía Anticorrupción le pedía la misma prisión y treinta años de inhabilitación), Griñán no pudo ocultar su malestar y se fue del edificio de la Audiencia de Sevilla con peor cara con la que llegó.

Los únicos satisfechos en este "funeral", calificativo en el que han coincidido los dos periódicos locales de Sevilla para definir la jornada de hoy, fueron los absueltos de todas las acusaciones: el exinterventor de la Junta Manuel Gómez, del que la Audiencia recuerda que avisó de las irregularidades que se cometían, y el ex jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río, aunque evitaron muestras de efusión.

La jornada fría y soleada en Sevilla comenzó pronto. La Policía montó un dispositivo de seguridad con vallas que amplió posteriormente. A los aledaños solo accedía la prensa y unos sindicalistas que se manifestaban fueron desplazados a uno de los extremos de la Audiencia.

En esa zona de Sevilla, una de las más frías por las corrientes constantes de viento y la sombra perenne, se apostaron numerosos medios gráficos, ante los que algunos de los acusados hicieron alguna broma, como el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el que tiene la condena más amplia: siete años, once meses y un día de prisión y 19 años y medio y un día de inhabilitación absoluta.

Solo el exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha sido condenado con la misma pena.

Los periodistas sin cámaras pudieron esperar en la sala de deliberación que usa habitualmente el jurado, aledaña a la prevista para comunicar la sentencia a los procuradores y los acusados, que fueron acompañados de sus abogados.

La tensión en la espera fue creciente y solo la rompió la presencia de un perro policía -"Noris"- para detectar explosivos, algo no habitual en la Audiencia de Sevilla, y con media hora de retraso, llamaron uno a uno a la sala para darles un lápiz de memoria con la sentencia, de 1.821 folios, y una copia en papel del fallo.

Media hora después se había acabado el proceso, que algunos operadores judiciales calificaron como "circo" porque no es necesario que los acusados acudan a recoger la sentencia.

Los periodistas escritos no pudieron abandonar la abarrotada sala del jurado que ocupaban hasta que saliera el último acusado, y un policía en la puerta se encargó de ello.

La salida de los acusados fue rápida, ya no había sonrisas ni saludos, solo despedidas tristes.

Tras casi un año juntos en el banquillo de los acusados en el juicio de la pieza política, los políticos que, según la sentencia, idearon el sistema para ayudas sociolaborales con "absoluta falta de control" entre los años 2000 y 2009 se fueron de la Audiencia de Sevilla con mucha tristeza.

Mientras tanto, el caso ERE sigue adelante, con un próximo juicio previsto en septiembre del 2020 y más de 150 piezas pendientes de concluir la instrucción y medio millar de investigados.

Manuel Rus