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El conocido como “efecto fin de semana”, es decir, el retraso en la notificación de casos del sábado y el domingo por parte de las comunidades, ha propiciado un martes más un repunte de las muertes y los contagios por coronavirus en España que, según las autoridades sanitarias, no quiebra la tendencia a la baja que se ha ido consolidando de forma regular en la última semana.

Avala esa tendencia el hecho de que, pese al aumento del número de positivos comunicados hoy (5.478 para legar a 140.000) y el correspondiente crecimiento de su tasa del del 3,2 al 4 por ciento, la diferencia con el martes pasado es significativa, ya que entonces esa misma tasa se situaba en el 11 por ciento.

Un caso similar se produce con el número de fallecidos consignados que, tras cuatro días de retroceso, se ha incrementado (743 y un total 13.798), si bien la tendencia, al margen de este movimiento en diente de sierra, es descendente, con un aumento medio del 5 por ciento, cuando hace unos diez días era ascendente, con más de un 12 por ciento.

En la habitual comparecencia del comité técnico de gestión de la pandemia, la doctora María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha señalado que todas las epidemias tienen oscilaciones vinculadas a los fines de semana, antes de subrayar que los datos muestran que "la tendencia es descendente aunque es importante que pasen unos días para consolidar toda esta información" y poder hacer comparaciones significativas.

14.000 FALLECIDOS

De hecho, Sierra ha señalado dos fechas clave en el desarrollo de la curva de fallecidos, el 25 de marzo, cuando se inició la mayor tendencia ascendente de fallecidos (738), y el 2 de abril, en que se llegó al máximo (950) y a partir de entonces comenzó progresivamente a descender.

En cualquier caso, las cifras de muertos por coronavirus siguen planteando algunas dudas y hay datos que las alimentan, como los revelados hoy por Efe, según los cuales los jueces de la Comunidad de Madrid han firmado durante la segunda quincena de marzo 9.007 licencias de enterramiento, cifra que duplica ampliamente las defunciones registradas en la región en todo el ese mes de 2019 (4.125).

El Gobierno, al que el PP y Vox han pedido “cifras reales” de fallecidos, ha defendido este martes que los datos que registran las comunidades autónomas son "fiables” y que “ no teme que el número de muertes sea superior a las recogidas”, según ha dicho la ministra portavoz, María Jesús Montero, que ha admitido que puede producirse algún desfase puntual en algún territorio concreto.

La mayoría de las comunidades autónomas, ha señalado, conocen cuándo se produce un brote y registra que un paciente fallece por neumonía, aunque no se le haya hecho la prueba que permita el diagnóstico de la COVID-19.

PRESIÓN HOSPITALARIA

La tendencia decreciente de fallecimientos, más allá de las controversias, se aprecia en la evolución de los hospitalizados e ingresados en las ucis, 7.069, 138 más que ayer (1,99 %), si bien hay disparidad de criterio según las comunidades, ya que la mayoría contabilizan las personas que han pasado por esas unidades y otras, como Madrid, las que permanecen en ellas en el día que se notifica, que este martes eran 16 menos.

"Lo que nos están transmitiendo desde las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas es que empieza, aunque despacio, a verse una cierta bajada en la presión en los hospitales y en las UCI", ha afirmado María José Sierra.

El número de curados también sigue creciendo de forma sostenida y hoy son un 6,85 % más que el lunes las personas que han recibido el alta, 2.771 personas, con lo que ya se han rebasado los los 43.200 pacientes que han superado la COVID-19, el 30,75 % del total de contagios.

ESTUDIO SOBRE LA INMUNIDAD

Para conocer el porcentaje de población que ha sido contagiada y que puede ser inmune y preparar así la salida del confinamiento, los técnicos del Ministerio de Sanidad ya han diseñado, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III, un estudio de seroprevalencia en el que participarán más de 60.000 personas.

Según ha informado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el estudio, que coordinará la directora del Carlos III, Raquel Yotti, con la colaboración del Instituto Nacional Estadística (INE), comenzará en unos siete días y se prolongará durante tres semanas con dos oleadas en cada una de las cuales participarán 30.000 personas.

El plan consistirá en someter a la muestra representativa seleccionada a un test rápido y a quien dé negativo, a los 21 días a una PCR (reacción en cadena de la polimerasa, según sus siglas en ingles), considerada una prueba más fiable.

Pero Sanidad incide en que lo importante en estos momentos son el millón de test rápidos de detección de anticuerpos que se comenzaron a distribuir el pasado domingo y a los que se sumarán en breve otros cinco millones, destinados principalmente a los lugares de mayor prevalencia del virus: hospitales, centros sociosanitarios y residencias de ancianos, donde se siguen sucediendo a diario las noticias sobre fallecimientos.

FASE DE TRANSICIÓN

El estudio sobre la inmunidad remite al llamado periodo de "desescalada", sobre cuya duración el Gobierno mantiene todo tipo de cautelas con el argumento de que es necesario ir poco a poco y que cada paso lleve al siguiente sin marcarse ningún plazo.

"Vamos con cautela, vamos con prudencia, lo primero y lo perentorio es intentar recuperar la normalidad laboral la próxima semana y con estos 15 días que se solicitan al Congreso de prórroga del estado de alarma seguiremos confinados en el domicilio", ha dicho María Jesus Montero, quien ha reconocido que se trabaja en "distintos escenarios" y que la salida deberá ser "ordenada y segura".

Montero ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y ha hecho un llamamiento a la "concertación" nacional en los ámbitos político, económico y social para la reconstrucción del país tras el azote del coronavirus, sin referirse ya a unos Pactos de la Moncloa, que rechaza abiertamente el PP.

En esa misma comparecencia, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha informado de que se permitirá que los parados, con alguna excepción, puedan simultanear el cobro de los subsidios con un trabajo temporal en el campo para cubrir la falta de mano de obra en las próximas campañas hortofrutícolas por el cierre de las fronteras a consecuencia de la COVID-19.