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El número de ejecuciones hipotecarias, o embargos de una propiedad para su venta tras el impago de un crédito en viviendas habituales experimentaron en marzo el primer repunte tras 20 trimestres a la baja, no tanto por el coronavirus como por la desaceleración económica anterior, según los expertos.

Los datos que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes revelan que entre enero y marzo 1.668 viviendas habituales sufrieron un embargo, el 9,3 % más que un año antes.

El profesor de EAE Business School Javier Rivas aclara que se trata de datos previos al COVID-19, que sólo pudo afectar a las dos últimas semanas de marzo, "donde precisamente si algo no habría sería ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual por el estado de alarma".

Desde principios de año, el ritmo de crecimiento económico se ha ralentizado, lo que se ha traducido en que aquellas hipotecas más apuradas en cuanto a duración y condiciones crediticias de concesión empezaron a pasarlo mal "incluso antes del COVID", añade.

De las 5.534 viviendas embargadas en el trimestre, el 54,6 % corresponde a hipotecas constituidas entre 2005 y 2008, sobre lo cual el profesor Rivas indica que se trata de las hipotecas con los precios máximos de vivienda previos a la crisis de 2008 y con las condiciones más ajustadas para los hipotecados.

Para los próximos meses, Javier rivas cree que, aunque se levante el estado de alarma, con poca movilidad y poca capacidad para realizar ejecuciones, cabe esperar que la tasa de ejecuciones de hipotecas entre abril y junio sea muy baja.

Pero tanto por la cifra de parados que ya hay como por las sucesivas finalizaciones de los ERTE "es evidente que el último semestre del año va a ser malo", y probablemente a partir de septiembre u octubre habrá un periodo de ejecuciones hipotecarias mayor.

Desde el portal inmobiliario pisos.com, su director de Estudios, Ferran Font, señala que este súbito cambio de tendencia "tiene un impacto muy importante a nivel social y en la inseguridad que perciben los propietarios de las viviendas tras cinco años de buenas noticias".

Los datos revelan que en los tres primeros meses del año se embargaron 5.534 viviendas, un 26,7 % menos que un año antes, de las cuales 1.668 son habituales en propiedad (un 9,3 % más que en el mismo trimestre de 2019), y 534 no son residencia habitual de los propietarios (un 1,1 % menos).

En total, entre enero y marzo el número de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad fue 10.558, un 18 % menos que el trimestre anterior y un 29,8 % por debajo de las del mismo periodo de 2019.

En función de la naturaleza de la finca, los embargos sobre vivienda suponen el 52,4 % del total.

Un 15,8 % son viviendas habituales de personas físicas; un 31,5 % corresponde a viviendas de personas jurídicas (un 39,3 % menos que en el mismo periodo del año anterior), y un 5,1 % a otras viviendas de personas físicas (un 1,1 % menos en tasa anual).

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias de otras urbanas (locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos) representan el 37,6 % del total.

Si se tiene en cuenta el estado de la vivienda, el 17,8 % de las ejecuciones hipotecarias en el primer trimestre son sobre viviendas nuevas, que se redujo un 41,4 %, y el 82,2 % sobre usadas, que descendió un 22,4 %.

Según el año de inscripción de la hipoteca, el 22,4 % de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el primer trimestre corresponde a hipotecas constituidas en el año 2007, el 13,0 % a hipotecas constituidas en 2008 y el 11,9 % a hipotecas de 2006.

De este modo, el periodo 2005-2008 concentra el 54,6 % de las ejecuciones hipotecarias iniciadas en el primer trimestre.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, las que registraron mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas en el primer trimestre son la Comunidad Valenciana (2.388), Cataluña (2.308) y Andalucía (1.795).

Por su parte, la Comunidad Foral de Navarra (53), País Vasco (55) y el Principado de Asturias (97) registran el menor número.

En el caso de viviendas, la Comunidad Valenciana (1.384), Cataluña (1.173) y Andalucía (947) presentan el mayor número de ejecuciones; y Navarra (19), País Vasco (28) y Extremadura (40), los menores.

En su nota, el INE destaca el esfuerzo realizado por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME) tras la entrada en vigor del estado de alarma, ya que en marzo la atención al público se ha hecho exclusivamente mediante correo electrónico o por vía telefónica.