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La Comunidad de Madrid mantiene el pulso con el Gobierno central al rechazar las restricciones de movilidad anunciadas en diez municipios de la región, incluida la capital, ya que considera que la decisión aprobada en el Consejo Interterritorial de Salud "jurídicamente no es válida".

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado de que su departamento publicará en el BOE en "los próximos días" una orden con la decisión colegiada del Consejo Interterritorial de Salud para aplicar nuevas restricciones en diez municipios de la Comunidad de Madrid.

En concreto son Madrid capital, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla.

En una rueda de prensa celebrada al término de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, Illa ha explicado que el acuerdo ha sido aprobado "con una amplia mayoría": trece votos a favor, una abstención y cinco votos en contra, que han sido de las comunidades de Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, Murcia y Ceuta.

Supone un 70 % de la representación, por lo que defiende que es una decisión colegiada.

"La salud de Madrid es la salud de España", ha dicho el ministro, quien ha incidido en que el acuerdo es vinculante para Madrid y que no contempla otro escenario que no sea el de que todas las comunidades, también las que han votado en contra, apliquen las medidas contenidas en el acuerdo que, ha dicho, puede ser mejorado y completado en los próximos días.

El acuerdo contempla restricciones en la entrada y salida de personas en los municipios de más de 100.000 habitantes y con una incidencia acumulada de COVID superior a los 500 casos en 14 días.

Los otros requisitos son que tengan un porcentaje de positividad en las pruebas diagnósticas superior al 10 % y que forman parte de una comunidad en la que la ocupación de camas en UCI por pacientes COVID sea superior al 35 %.

Sin embargo, el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, considera que la decisión adoptada "jurídicamente no es válida" al no haber sido tomada por consenso, como establece el artículo 14.1 del reglamento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

"El Gobierno de España tiene prisa por intervenir Madrid y no por luchar contra el virus", ha dicho en una rueda de prensa celebrada tras la del ministro en la que ha acusado al Ejecutivo de usar el Consejo Interterritorial para "imponer medidas en contra de la voluntad de muchos españoles".

En el caso de que finalmente se publicaran estas restricciones en el BOE, ha comentado que la Abogacía General de la Comunidad de Madrid "determinaría el tipo de actuación" a seguir por parte del Gobierno regional.

El consejero ha cuestionado además el acuerdo por centrarse en "criterios epidemiológicos" y no tener en cuenta por ejemplo la capacidad asistencial.

Al respecto, ha insistido en que la situación de la pandemia en la Comunidad de Madrid está "controlada" ya que, entre otros aspectos, "el saldo entre altas e ingresos sigue siendo favorable".

Al rechazar las restricciones anunciadas, el Ejecutivo madrileño mantiene su pulso con el Gobierno central, pese a que este martes en la reunión del Grupo COVID-19 ambas administraciones habían alcanzado un principio de acuerdo para tratar de contener la expansión del coronavirus.

Consistía en acordar un criterio homogéneo para aplicar en los municipios de más de 100.000 habitantes, mientras que en los de menos población las propias comunidades autónomas tomarían la decisión sobre posibles restricciones "atendiendo a las normativas y protocolos en el ámbito estatal".

Este principio de acuerdo se trasladó al Consejo Interterritorial, donde finalmente la Comunidad de Madrid ha votado en contra de los criterios acordados.

Previamente, el Gobierno central y madrileño habían aireado públicamente sus diferencias sobre las medidas a aplicar.

El Gobierno nacional reclamaba la puesta en marcha de restricciones de movilidad para áreas con una incidencia acumulada de 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Por su parte, el Gobierno regional defendía las restricciones de movilidad que ha implementado en un total de 45 zonas sanitarias con tres requisitos, entre los que incluye una incidencia acumulada de 1.000 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, y abogaba por tener en cuenta también la capacidad asistencial para tomar medidas.