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Un total de 600.979 personas se manifestaron en España, sin contar Cataluña, a lo largo de la jornada del 8 de marzo, cuando tuvieron lugar los actos reivindicativos del Día de la Mujer.

Es el dato que da el Gobierno en su respuesta a una pregunta de varios diputados del PP que se interesaron por esta cifra en una pregunta que registraron en el Congreso. La fecha de la contestación es el 28 de abril.

Los números, "aproximados", como reconoce el Ejecutivo, provienen de las delegaciones del Gobierno, que recogieron a su vez las cifras proporcionadas por las subdelegaciones. Las del País Vasco las proporcionó su administración.

El domingo 8 de marzo se celebraron 480 manifestaciones y asistieron a ellas 600.979 personas (no se incluyen las que tuvieron lugar en Cataluña).

Madrid, epicentro de los actos del Día de la Mujer, fue escenario de 41 manifestaciones con una afluencia total de 136.430 personas, y le sigue Andalucía, donde más de 99.000 ciudadanos y ciudadanas participaron en actos reivindicativos de esta índole, siendo Granada la provincia que registró más movimiento (más de 20.000 personas).

Un total de 59 manifestaciones se produjeron en la comunidad autónoma ese día.

País Vasco, con 64 actos, tuvo en sus calles a más de 93.000 ciudadanos.

Los 49 llamamientos que se celebraron en Castilla y León movilizaron a más de 42.000 personas, aunque más gente protestó en la Comunitat Valenciana, unas 52.515, según los datos recabados por el Gobierno, a pesar de registrarse menos actos, 39 exactamente.

Y en Galicia se manifestaron ese día 51.800 personas.

El dato facilitado por el Gobierno se enmarca en la polémica política sobre el 8M y su probable incidencia en la expansión del coronavirus, algo que la oposición ha promovido durante las últimas semanas.

Varios grupos, especialmente el PP y Vox, consideran que las concentraciones y manifestaciones de ese día, en especial las que se convocaron en defensa del feminismo, indican que en el Ejecutivo de Pedro Sánchez o no se midió adecuadamente la dimensión de la pandemia o se optó por mantener los actos por motivos políticos.

El Gobierno, en la respuesta, recuerda que el derecho a la reunión pacífica está consagrado en el artículo 21 de la Constitución y que su ejercicio no requiere autorización previa.