EFEAtenas

El nuevo Gobierno de derechas en Grecia lleva algo más de una semana en el poder, pero estos pocos días han bastado para poner en alerta a los migrantes y sus redes de apoyo, que ya notan los primeros cambios y temen un endurecimiento de su vida en el país por las nuevas políticas migratorias.

La supresión del Ministerio de Migración y la integración de sus competencias en el Ministerio de Protección Ciudadana se ha leído como toda una declaración de intenciones del nuevo primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, una de cuyas prioridades es reforzar el orden público y la presencia policial en las calles de Atenas.

La abogada Natasa Strachini, coordinadora del departamento legal de la ONG Refugee Support Aegean en la isla de Quíos, explicó a Efe que transferir la cartera de Migración a Protección Ciudadana significa dar "más de un paso atrás".

Strachini recordó cómo la gestión migratoria del anterior Gobierno de Nueva Democracia (2012-2015), también dentro de Protección Ciudadana, "fue un desastre" por los repetidos incumplimientos de la Ley de acceso al asilo, entre otros, que condujeron a la condena de Grecia por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El Gobierno saliente, del izquierdista Syriza, se ha mostrado muy crítico con este cambio. El exministro de Migración, Dimitris Vitsas, acusó a Mitsotakis de olvidar que "se trata de una cuestión humanitaria" al enfocarlo como un asunto de seguridad pública.

Desde la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) se muestran cautos: no creen que esta decisión tenga por qué afectar a la gestión migratoria en la práctica y, según declaró a Efe uno de sus portavoces en Atenas, continuarán "trabajando de cerca" con el ministro, igual que con el anterior.

Otras dos prioridades del Gobierno de Mitsotakis en materia de migración que han preocupado a los colectivos proderechos humanos son la aceleración de los exámenes de asilo y la devoluciones a Turquía, en una aplicación estricta de la declaración conjunta entre Ankara y Bruselas.

Mitsotakis espera descongestionar así las cinco islas del Egeo -Lesbos, Samos, Quíos, Leros y Kos- en las que actualmente viven hacinados más de 16.000 solicitantes de asilo, aunque la capacidad de los campamentos donde residen es para apenas 6.000.

"Concentrarnos en devolverlos a cualquier precio y sin garantías legales no es lo que deberíamos estar haciendo en Grecia y Europa", criticó Strachini, quien cree que el sistema de asilo griego actual ya está saturado y que no es posible acelerar el proceso sin perder garantías.

Los planes de Mitsotakis también preocupan a Human Rights Watch, que en una carta advirtió al primer ministro que "la única forma de incrementar el número o la velocidad de las devoluciones a Turquía es el debilitamiento de las garantías del proceso", lo que genera el riesgo de que se den devoluciones ilegales.

La tensión flota más allá de los despachos de las organizaciones y se siente en las calles de Atenas, especialmente en el barrio de Exarjia, enclave del movimiento anarquista, donde migrantes y activistas intentan reorganizarse y ver cómo el cambio de Gobierno afectará a sus vidas.

Algunos de los muchos "squats" de la zona -edificios ocupados para alojar refugiados- han cerrado y todos están en alerta, a la espera de que Mitsotakis cumpla su promesa de "limpiar" el barrio.

En su época de líder de la oposición y durante la campaña electoral, el nuevo primer ministro acusó frecuentemente a Syriza de inacción respecto a las ocupaciones y prometió que, bajo su mandato, "la ley se aplicará en cada rincón del país".

Uno de los edificios ocupados para alojar refugiados más conocidos de Atenas, el hotel City Plaza, cerró pocos días después del cambio de Gobierno, tras tres años activo en los que más de 2.500 refugiados vivieron ahí.

Aunque la decisión de cerrar estaba tomada desde hacía meses y se debió, en su mayor parte, al desgaste del exigente proyecto, la llegada de Nueva Democracia (ND) al poder aceleró el proceso, según confirmaron fuentes del City Plaza a Efe.

El hotel tenía dos órdenes de desalojo que, sin embargo, no habían sido ejecutadas, algo que sirvió para que muchos acusaran a Syriza de mirar hacia otro lado. Las referencias habituales de miembros de ND al City Plaza, hasta en sesión parlamentaria, hacían temer a los activistas que los desalojasen para dar ejemplo.

"Un desalojo por parte de ND podría verse como una salida heroica en la que no habría necesidad de dar explicaciones políticas, pero pondría en peligro a la mayoría de residentes del Plaza" especialmente aquellos en situación irregular, explicaron los activistas.

Emma Pons Valls