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La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales critica la "opacidad" con la que se ha llevado a cabo la gestación del ingreso mínimo vital (IMV) y manifiesta su temor de que esta prestación no sirva para hacer frente al incremento de la pobreza como consecuencia de la pandemia.

Aunque considera una "magnífica noticia" la probable aprobación esta semana del Real Decreto que regula esta prestación que beneficiará a 850.000 familias, cree que la "opacidad" del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones ha abierto interrogantes que, de no ser resueltas, "pueden ensombrecer" la medida.

"Deja sin aclarar cómo piensa afrontar el paradójicamente elevado nivel de no acceso a este tipo de prestaciones por, precisamente, las personas que se encuentran en los niveles más altos de exclusión", señala en un comunicado.

Además, el hecho de que el cálculo de la capacidad económica de los beneficiarios se vaya a realizar sobre los datos de renta de un año antes, e incluso dos en algunos casos, hace que la prestación "no sirva para hacer frente a los efectos en el incremento de la pobreza como consecuencia de la pandemia" de coronavirus.

Así, cree que la capacidad económica se debe calcular sobre los ingresos en el momento de la solicitud y advierte de que los ayuntamientos "se verán obligados a asumir un aluvión de solicitudes".

Ante la "subsidiariedad" de las prestaciones de rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas, la asociación señala que no se plantea "ninguna referencia para evitar lo que sería un indeseable efecto perverso" que las autonomías "caigan en la tentación de dedicar los 1.500 millones de euros que actualmente invierten en sus propios sistemas a otras políticas".

Tampoco se plantea, dicen, la posibilidad de una "pasarela automática" para que, de oficio, se acceda al IMV desde las rentas mínimas de las comunidades autónomas, lo que implicaría la incorporación de más de 300.000 personas que ya son beneficiarias de estas prestaciones, sin necesidad de realizar procedimientos administrativos complejos.

Desde la asociación proponen la implantación del IMV como prestación económica periódica garantizada, de derecho de ciudadanía española, y garantizarlo como prestación no contributiva con derecho a prestaciones complementarias por hijos menores a cargo y por sostenimiento del hogar.

Plantean la titularidad individualizada del derecho, como derecho derivado de la condición de ciudadanía, y no como prestación vinculada a la "condición laboral", ni al "derecho de alimentos", ni a la categorización de "beneficiaria/o del titular del derecho de la unidad de convivencia".