EFEBarcelona

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha afirmado que el espionaje al que ha sido sometido a través de su teléfono es "impropio de un estado democrático", ha anunciado que emprenderá acciones legales y ha exigido al Gobierno español que "se investigue y se depuren responsabilidades".

El teléfono móvil de Torrent fue atacado en 2019 con Pegasus, un programa espía desarrollado por la compañía israelí NSO que solo pueden comprar Gobiernos y fuerzas de seguridad con el propósito de combatir el crimen y el terrorismo, según una investigación de El País y The Guardian.

Esta investigación también ha revelado que también se atacó en 2019 el móvil del diputado autonómico catalán de ERC Ernest Maragall, quien esta noche ha publicado un mensaje en Twitter tras publicarse la información: "Los más terrible es que la noticia no es ninguna sorpresa. La vulneración de derechos es constante y mucho más grave (prisión y persecución judicial) que este inaceptable e ilegal espionaje".

En una declaración institucional realizada desde su despacho del Parlament, Torrent ha considerado que se trata de un asunto "muy grave" que sirve para "constatar" que en el Estado español "se practica el espionaje contra la disidencia política".

Según el presidente del Parlament, hace unos días tuvo conocimiento a través de dos periodistas de The Guardian y El País de que había sido espiado a través de su teléfono móvil aprovechando una vulnerabilidad de la aplicación WhatsApp que tuvo lugar entre abril y mayo de 2019 mediante un software "que sólo puede ser adquirido por gobiernos y fuerzas de seguridad".

Esto permitió a quienes encargaron el espionaje "capturar mensajes y conversaciones" y, según Torrent, su caso sirve para confirmar lo que "diversos organismos internacionales ya han denunciado, y es que algunos estados están utilizando este software para la persecución de la disidencia política".

"Hoy sabemos que, entre estos Estados, figura el español", ha lamentado Torrent, antes de precisar que no sólo él ha sido víctima de espionaje, sino también la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, así como un miembro de la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

El presidente del Parlament ha señalado que, aunque ya se sospechaba que había "guerra sucia" contra el independentismo, "es la primera vez que se acredita con pruebas fehacientes", y ha advertido que utilizar "el espionaje contra adversarios políticos es de una gravedad extraordinaria".

Esto "vulnera mi derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y mi derecho a defender un proyecto político sin sufrir persecución", por lo que ha anunciado que emprenderá acciones legales y políticas para llegar "hasta el final" de este asunto.

"Se evidencia -ha dicho- que hay una causa general contra el independentismo que degrada la democracia en el Estado español y que tendría que preocupar a todos los demócratas, sean o no independentistas", una causa, ha añadido, que "es la misma que hace que haya presos políticos y exiliados".

Roger Torrent se ha preguntado "cuánta gente más está siendo espiada en estos momentos", una pregunta que ha trasladado al Gobierno tras recordar de este último presume de ser "el más progresista de la historia".

Según el presidente del Parlament, el Gobierno podía conocer que era espiado, y en este caso sería cómplice, o lo desconocía, y esto también "sería un síntoma preocupante" porque implicaría que ha habido negligencia.

Ha exigido, en este sentido, que "se investiguen los hechos y se depuren todas las responsabilidades", además de poner fin "a la guerra sucia contra el independentismo".

ERC ha presentado hoy mismo en el Congreso una petición de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para "dar explicaciones en relación a los presuntos espionajes e intromisiones a la intimidad de líderes políticos catalanes por parte de estructuras gubernamentales".

También JxCat ha registrado en el Senado y prevé hacerlo en el Congreso una petición de comparecencia de Grande-Marlaska por este mismo asunto.