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UGT ha propuesto hoy que la revalorización de las pensiones en función de la inflación corra a cargo de los presupuestos generales del Estado (PGE) y, alternativamente, de un impuesto finalista para financiar esta subida.

En una rueda de prensa para presentar sus propuestas para mantener el sistema de pensiones, la secretaria de Empleo del sindicato, Mari Carmen Barrera, ha apuntado que la revalorización es un "componente no contributivo" de las pensiones, por lo que ha de cargarse en los PGE y es "independiente" de si los ingresos por cotizaciones son o no suficientes.

En caso de no hacerse, aunque es la propuesta principal del sindicato, esta revalorización se deberá sufragar a través de un "mecanismo fiscal de carácter finalista", aunque Barrera no ha detallado en qué consistiría este impuesto.

"Es una cuestión secundaria, un impuesto nuevo o no es secundario porque lo primero es que se garantice el derecho y se haga desde los PGE", ha afirmado Barrera.

Además, Barrera ha arremetido contra el índice de revalorización de las pensiones, que establece una subida máxima del 0,25 % en las pensiones de mantenerse el déficit de la Seguridad Social, ya que es "insostenible" y crea "ejércitos de ancianos pobres".

Según los cálculos del sindicato, cada pensionista perderá entre el 30 % y el 40 % de poder adquisitivo en veinte años, con lo que una pensión de 1.000 euros equivaldrá a 718 o 585 euros, según la inflación media sea del 1,5 % o del 2 %.

Sin embargo, estos cálculos se hacen sin tener en cuenta el factor de sostenibilidad de la reforma de 2013, que entra en vigor el año que viene, y que introducirá la esperanza de vida de cada generación como elemento a tener en cuenta, a la baja, en el cálculo de las prestaciones futuras.

"El Gobierno insiste en que los pensionistas tienen que perder poder adquisitivo en las próximas décadas porque la Seguridad Social está en déficit", ha afirmado el jefe del gabinete técnico de la Secretaría de Empleo, Antonio González, que ha acusado al Ejecutivo del PP de "romper el Pacto de Toledo" con la reforma de 2013 que no fue consensuada con el resto de grupos en el Congreso.

El técnico ha señalado también que el pensionista "cuanto más viejo sea, más pobre será" por el carácter universal y acumulativo de los mecanismos que aprobó el PP en 2013.

Los responsables del sindicato han destacado que el Gobierno "no podrá vetar" una propuesta que emane del Pacto de Toledo, aunque cuente con todo el apoyo de la oposición y no del PP, ya que "contravenir la voluntad del Pacto de Toledo nos parece imposible" por tratarse del punto de consenso en materia de pensiones de todo el arco parlamentario.

Por otro lado, Barrera ha anunciado que la Audiencia Nacional ha aceptado a trámite el recurso que presentó el sindicato contra la subida del 0,25 % de las pensiones aprobada por el Gobierno este año.

El sindicato argumentaba en su recurso que la subida se hizo a través de un real decreto, equivalente a un reglamento, y que la subida necesita de una norma con rango de ley, bien sean los PGE, bien sea un real decreto-ley, para ser efectiva y que, al estar los presupuestos prorrogados, esto no era así.

Sin embargo, Barrera ha reconocido que de aprobarse unos PGE para este año, la demanda ante la sala de lo Contencioso-Administrativo decaería, ya que habría una ley que sustente jurídicamente dicha subida.