EFEMadrid

La Audiencia Nacional ha absuelto a los 17 presuntos miembros o colaboradores con la mafia rusa Tambovskaya y Malyshevskaya acusados por la Fiscalía de blanquear en España los beneficios que generaban sus actividades delictivas en otros países y cuyas actividades fueron desmanteladas en la llamada operación Troika.

El Ministerio Fiscal, que inicialmente llegó a pedir hasta 8 años de cárcel, acabó reclamando condenas de hasta 5 años de prisión para los acusados que pudieron ser juzgados, dado que otros nueve huyeron de la Justicia, entre ellos el presunto cabecilla, Gennadios Vasilevich Petrov, y su supuesto segundo, Leonid Khristoforov.

En su sentencia, la sección tercera de lo Penal considera que no ha quedado acreditado que los acusados, entre 1996 y 2008, "prestaran su cooperación o asistencia profesional para recibir en España o gestionar desde aquí el capital y patrimonio" que, según la Fiscalía, procedía de cuentas en el extranjero fruto de actividades delictivas de las organizaciones mafiosas Tambovskaya y Malysheslaya, que operan en Rusia.

Para los magistrados no hay prueba de que todas estas personas prestaran apoyo a la mafia rusa mediante el blanqueo de dinero procedente de sus actividades ilegales o de que pertenecieran a esas organizaciones, "ni a otra asociación criminal dedicada a blanquear bienes".

"Por muy raras, antieconómicas o poco convencionales que sean las operaciones comerciales o mercantiles en las que invirtieron los encausados, si no se prueba la procedencia de una actividad delictiva de los bienes adquiridos, convertidos, transmitidos, ocultados o encubiertos, no hay delito de blanqueo de capitales", explica la Sala.

Según los hechos probados que recoge la sentencia, contra la que cabe recurso, en 1996, Petrov, junto con Viktor Gabrilenkoz y Serguei Kouzmine, que se encuentran en rebeldía, se establecieron en Marbella en chalets contiguo, mientras que el acusado Juri Slikov se trasladó a Palma de Mallorca.

"Todos ello se conocían y desarrollaron tanto en España como en el extranjero actividades empresariales" y recibieron también "capitales procedentes de cuentas bancarias" abiertas en distintos países para invertir en España.

Pero no ha quedado demostrado que participaran en los negocios de los que se les acusa, "conociendo que estaban adquiriendo poseyendo, utilizando o transmitiendo bienes que tenían su origen en un delito" o que ayudaran "a la persona que hubiere participado en la infracción" a eludir la Justicia, "ni tan siquiera de un modo imprudente colocándose en una situación de ignorancia deliberada".

Para los magistrados -Ángeles Barreiro, Antonio Díaz Delgado y Ana María Rubio Encinas- sus actividades eran meramente profesionales, "y también la mayor parte de los casos desconectados entre sí, de los que parece que lo único que tienen en común es que los dueños de los entramados societarios para los que trabajaban eran ciudadanos de origen ruso, con importantes medios económicos y que invertían en España".

Dinero, que si bien admite la Sala, a veces, procedía de paraísos fiscales, estos datos "son insuficientes para determinar el origen ilícito del dinero".

"En definitiva, que no ha resultado probado que cometieran los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita por los que viene siendo acusados", concluye el tribunal.

Al inicio de este juicio, el fiscal del caso, José Grinda, presentó un escrito sobre las "amenazas directas" que dijo haber recibido a lo largo de la instrucción y que situaba en el entorno de Ilia Traber, presunto líder de la organización Vyborgskaya y amigo de del diputado de la Duma y también encausado Vladislav M. Reznik, quien le puso en contacto con el supuesto cabecilla huido Petrov, según la versión del propio Reznik.

"Yo no voy a llorar por mí pero tiene que quedar claro que la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía española no se va a doblegar nunca ante este tipo de amenazas, como no se doblegó ni este tribunal de la Audiencia Nacional ni la Fiscalía cuando tuvo amenazas muchísimo más graves", expuso el fiscal.