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Amnistía internacional ha denunciado la situación en las residencias de ancianos durante esta segunda ola de la pandemia, que sigue siendo "alarmante" ya que no se están derivando a los pacientes a hospitales, no se garantizan las visitas de familiares, ni se ha reforzado el personal.

"Abandonadas a su suerte: La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia covid-19 en España", es el título del informe de Amnistía Internacional (AI) que analiza la situación en las residencias de personas mayores de Madrid y Cataluña.

Esta organización lamenta que las medidas adoptadas por las autoridades para responder a la pandemia en estos centros sociosanitarios han sido "insuficientes e inadecuadas" y han vulnerado "al menos cinco derechos humanos" de las personas mayores residentes.

El director de AI en España, Esteban Beltrán, ha explicado que las decisiones de las autoridades en las residencias han impactado en el derecho a la salud, la vida, la no discriminación de las personas mayores, la vida privada y familiar y en el derecho a tener una muerte digna.

En su informe recuerda que durante la primera ola, el virus se esparció con mucha rapidez en las residencias porque el personal cuidador no contaba con la protección necesaria, lo que causó la baja de un gran número de trabajadores.

"Pese a que durante estos meses se han mejorado determinados aspectos, algunas de estas preocupaciones siguen vigentes", advierten.

En concreto, lamenta que siguen sin estar garantizadas las visitas de familiares, se evita el traslado de los ancianos a los hospitales y no se han tomado medidas de refuerzo de personal suficientes.

A su juicio, las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid y la Generalitat "se implementaron de forma incoherente" y no llegaron a dotar de acceso adecuado a los servicios de salud a las personas mayores que viven en residencias.

Sin embargo, Amnistía cree que la situación de muchos ancianos fue más humana precisamente gracias al esfuerzo y a la dedicación del personal sanitario y de las residencias pese a la falta de respuesta de las autoridades y la escasez de recursos.

El informe critica la decisión de no derivar a las personas mayores a los hospitales, una práctica que se aplicó "de forma automatizada y en bloque" sin llevar a cabo valoraciones individualizadas, lo que dificultó el acceso a un tratamiento adecuado a aquellos pacientes de covid-19 u otras patologías.

Según Beltrán, las pocas derivaciones que se dieron fueron tardías y han documentado casos de personas residentes que llegaron al hospital "en situación de deshidratación y desnutrición".

Así, ante la segunda ola de la pandemia, AI pide a las autoridades adoptar medidas urgentes para garantizar que cualquier decisión para combatir la pandemia respeta los derechos humanos y que se asegure que las decisiones médicas se realizan en base a evaluaciones individualizadas.

Además, reclama que se garantice un contacto regular entre residentes y familiares e insta al Gobierno a que impulse la tramitación de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas residentes en todo el Estado.