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Las listas de espera de dependientes se han reducido en el último año un 12 por ciento, quedando en 293.173 personas, aunque han aumentado un 8 % las personas pendientes de valoración, según un informe de Comisiones Obreras sobre el Sistema de Atención a la Dependencia.

A 31 de marzo de 2018, el sistema atiende con prestación efectiva a 967.835 ciudadanos, aunque el número de personas con derecho reconocido asciende a 1.261.008.

"Una de cada cuatro personas dependientes no tiene ningún tipo de prestación", ha asegurado Paula Guisande, secretaria de Política Social de CCOO, que ha reclamado un plan de choque de 2.500 millones de euros con los que se podría atender a esas personas y generar al menos 100.000 puestos de trabajo.

"Es momento de que la recuperación también llegue al sistema de atención de la dependencia" y se vea reflejada en los presupuestos, ha insistido.

Castilla y León, las ciudades autónomas, Murcia y Baleares son las regiones que tienen menos beneficiarios en lista de espera y pendientes de valorar, mientras que Canarias y Cataluña encabezan esa clasificación.

Destaca el esfuerzo realizado en el último año en ese sentido por Baleares y Comunidad Valenciana, que venían de una situación pasada muy negativa.

Navarra, Valencia y Castilla-La Mancha son las comunidades autónomas donde la cobertura más ha crecido durante los últimos doce meses, aunque el informe alerta de que en algunas regiones se ha hecho otorgando un mayor número de ayudas económicas por cuidado familiar, con un menor coste que la atención residencial.

El documento cifra el gasto medio por beneficiario atendido en 9.226 euros al año, por lo que teniendo el cuenta las personas con prestación efectiva a febrero de 2018, el coste del sistema de la dependencia asciende a 8,8 millones de euros para este año.

Si se analizan las tasas de cobertura por comunidades es decir, el porcentaje de personas beneficiarias respecto a la población total, Castilla y León es la que atiende a un porcentaje mayor, ya que casi el 3,5 por ciento de su población recibe algún tipo de prestación a cargo del sistema.

Atiende a más del 2 por ciento de su población, País Vasco, La Rioja, Cantabria, Andalucía, Extremadura y Murcia.

En el extremo contrario de atención según población se sitúan Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares y Navarra.

Respecto al tipo de prestación, la mayoría de los beneficiarios reciben servicios profesionales, el 67,71 por ciento, de los que el 22,82 % corresponden a servicios residenciales y el 44,89 % a servicios sin alojamiento; el resto, el 32,49 % prestaciones económicas por cuidado familiar.

De las prestaciones ligadas a servicios profesionales, la ayuda a domicilio es la que tiene un mayor número de beneficiarios (202.407 personas), seguida de la teleasistencia (188.518) y los servicios residenciales (158.457).

CCOO calcula en su informe que el reconocimiento de prestaciones efectivas para las 1,3 millones de personas en situación de dependencia actualmente reconocidas precisa una financiación de entre el 1 y el 1,5 % del PIB, dependiendo de la calidad de los servicios y prestaciones que se implementen.

Con esa financiación, el sindicato también estima que la creación de empleo, según los servicios de atención por los que se apueste para completar la atención a todos los dependientes, podría situarse entre los 100.000 y 200.000 puestos de trabajo.

Para el sindicato, la dotación del plan de choque que proponen de 2.500 millones debería articularse a través de la recuperación del nivel acordado, suspendido desde el año 2012 por la Administración General del Estado.

"Las comunidades autónomas están protagonizando desde 2015 la recuperación del sistema reduciendo las listas de espera, pero lo están haciendo en solitario porque el Gobierno central ha abandonado la dependencia", ha asegurado Enrique Martín, autor del documento.

Los responsables del sindicato han alertado también del riesgo de que esa reducción de las listas de espera se haga priorizando las prestaciones económicas por cuidado familiar y han recordado que la ley la recoge como una prestación de carácter excepcional, para cuando la persona beneficiaria esté atendida por su entorno familiar y reúna ciertas características.