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El proyecto de ley con el que la ministra de Educación, Isabel Celaá, quiere derogar la Lomce conllevará una revisión de la formación del profesorado, y así los nuevos docentes tendrán un año de prácticas tuteladas antes de incorporarse a su profesión.

En su primera comparecencia en esta legislatura en la Comisión de Educación del Congreso, Celaá ha desgranado sus prioridades educativas, que han sido criticadas por el PP, Ciudadanos, Vox y UPN, los cuales han lamentado que haya problemas para estudiar en castellano en algunas comunidades y existan casos de adoctrinamiento, mientras que el PSOE, Unidas Podemos y los partidos nacionalistas han aplaudido, a la vez que urgido, la derogación de la Lomce.

La reforma de la profesión docente es un tema candente desde hace unos años, y Celaá ha defendido ahora una fase de incorporación progresiva "a una profesión compleja, que, como sucede en el caso de los médicos y los jueces, tiene que realizarse con exquisito rigor y cuidado".

Sin referirse al llamado "mir docente" por diversos partidos, la ministra ha anunciado la puesta en marcha de un año de prácticas, aunque no se ha dicho si serán remuneradas.

Ha explicado que en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, que espera que sea la primera en tramitar por el Ejecutivo, habrá una propuesta normativa que regule la formación, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente.

En la actualidad, para enseñar en secundaria y bachillerato, tanto en centros públicos como en privados, es requisito imprescindible tener un grado y luego hacer un máster, en el que hay prácticas.

Pero para infantil y primaria solo hace falta estudiar el grado de Magisterio y, en el caso de optar a los centros públicos, se requiere aprobar una oposición que conlleva una fase práctica y un mínimo de tres meses (no más de un curso escolar) de prácticas bajo la tutoría de profesores experimentados que regulan las comunidades autónomas.

Con la Lomloe, ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación Loe de 2006, también se actualizará el marco de la formación continua y la evaluación del desempeño docente.

Respecto al currículo, Celaá ha destacado que se creará un Instituto de Desarrollo Curricular, que, en cooperación con las comunidades autónomas, contribuya a la actualización permanente de los currículos y que sean menos memorísticos.

Además, ha recordado el compromiso del Gobierno de incorporar la educación para la ciudadanía global y la sostenibilidad en todas las áreas y materias del currículo, de acuerdo con los compromisos que marcan los objetivos de desarrollo sostenible.

Otros anuncios de la ministra en la Cámara Baja han sido un proyecto de ley para la Formación Profesional y la modificación de los requisitos académicos a las becas de estudios no universitarios y a las cuantías fijas de las becas universitarias, bajando a 5 la nota de acceso; a medio plazo se reducirá la cuantía variable en favor de la cuantía fija.

A preguntas de PP y Ciudadanos sobre una "única" prueba de acceso a la Universidad (EBAU), Celaá ha dicho que no se va a cambiar, porque "no se puede cambiar el caballo en mitad de la carrera" y además las comunidades tienen sus competencias en cuanto a currículo que hay que respetar.

No obstante, ha dicho que en general la comunidad educativa está satisfecha con la prueba y ha recalcado que se está trabajando para "acercar posturas" en cuanto a la corrección de los exámenes y la magnitud de materias que se incluyen en cada autonomía.

Sobre el permiso parental, Celaá ha reiterado que debe ser retirado porque no incorpora ningún elemento de calidad al sistema y son una objeción de conciencia a materias evaluables.

Ha argumentado que no tiene ningún problema en reunirse con la Consejería murciana -está pendiente una cita que fue anulada hace unos días por Murcia- y ha insistido en que precisamente la ley Wert quitó poder de decisión a los padres en los Consejos Escolares y ahora, en cambio, se quiere dar a los progenitores más voz, por encima de los profesionales docentes, en actividades complementarias.

Vox, sin embargo, ha denominado el control parental como pin constitucional, reconocido en el artículo 27.3 de la Constitución, y ha dicho que "no van a permitir" que personas que no son los padres marquen "el ritmo" a la "introducción en educación afectivo-sexual" de los hijos.