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La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha mandado este viernes un mensaje de "tranquilidad" al sector de la red concertada y a los padres que optan por estos centros para sus hijos, y ha calificado de "controversia artificial" la reacción a sus palabras sobre que elegir centro no emanaba de la Constitución.

Celaá ha tenido que contestar así sobre la polémica suscitada tras su intervención ayer jueves en la inauguración del Congreso de Escuelas Católicas y en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros ha enfatizado: "El sector puede estar tranquilo".

"No existe ningún plan para revisión de nada", ha recalcado la ministra, que ha dicho: "Puede estar tranquilo el sector porque llevamos gestionándolo 30 años y no hay ninguna razón para esta controversia exagerada". Además, ha recordado que la red concertada nació en los ochenta bajo el Gobierno de Felipe González.

Ha insistido: "Hemos trabajado con la red pública, con la red concertada y hemos llegado a acuerdos con la red concertada y obviamente los padres tienen libertad de elegir un centro educativo, libertad de elegirlo dentro de las disponibilidades de la programación general de la enseñanza".

Sus palabras de ayer jueves fueron: "De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa, o a elegir centro educativo, podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Estos hechos, los de elegir centro, formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no es emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución. De esto da cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de 1981".

Unas declaraciones, aunque matizadas ahora, pero que han provocado que el PP haya anunciado una "ofensiva parlamentaria" en defensa de la libertad educativa tras considerar que la ministra "atacó directamente a la educación concertada".

Y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado al Gobierno de España que "la educación concertada en la Comunidad de Madrid no se toca".

Desde Escuelas Católicas, se ha rebatido a la ministra recordándola en un comunicado que el TC remarca "la obviedad de que la elección de centro docente es un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral".

Celaá, que ha aclarado que no tiene ningún plan para revisar los acuerdos religiosos suscritos en 1979 con la Santa Sede, ha recibido también contestación desde la Conferencia Episcopal española.

Su secretario general, Luis Argüello, ha dicho que la Constitución "reconoce claramente" la libertad de enseñanza y que los poderes públicos deben garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones.

Argüello ha opinado que las manifestaciones de Celaá "seguramente tengan que ver" con la propuesta de suprimir (en el proyecto de ley socialista) el criterio de la "demanda social" a la hora de la planificación escolar, así como "por el momento político que vive la sociedad española".

Para Europa Laica el "desasosiego" mostrado por la Conferencia Episcopal y la patronal católica de la enseñanza muestran el "temor y la oposición, de momento contenida, a cualquier cambio que pueda hacer perder, aunque sea mínimamente, el adoctrinamiento religioso de los menores y el suculento negocio escolar que controlan".

Por el contrario, las palabras de Celaá son defendidas por el secretario general de la Enseñanza de CCOO, Francisco García, que forma parte de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, y que cree que "fueron ajustadas".

García, que estaba en el acto de Escuelas Católicas, agradece que Celaá defendiera el valor de la educación pública para llegar a cualquier alumno, viva donde viva.

Desde otro sindicato docente, pero el mayoritario en la concertada, FSIE, se ha comentado que "el discurso de Celaá acaba con cualquier posibilidad de alcanzar un pacto educativo".

Por otra parte, Efe ha consultado a diversos expertos en Derecho Constitucional y han coincidido en afirmar que el artículo 27 de la Constitución, aunque no diga de modo expreso que hay libertad de elección de tipo de centro, ello se deriva al fijar la libertad de enseñanza.

El citado artículo de la Constitución dice en su punto 1: "Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza".

El punto 2 señala: "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

También sobre centros el punto 6 fija: "Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales".

El catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, Carlos Vidal, ha argumentado: "en qué consiste la libertad; si no hay opciones, no hay libertad".

"La Constitución no lo regula todo, establece los elementos básicos de un derecho y a partir de ahí hay que regularlo por una ley orgánica, que tendrá que establecer los elementos fundamentales para ver cómo se garantiza ese derecho a elegir un centro para sus hijos", ha afirmado Vidal.

No obstante, ha recalcado que un padre no puede decidir que su hijo vaya a un colegio si solo tiene 25 plazas y hay 100 solicitudes, sino que habrá que establecer, como se hace, unas comisiones de escolarización que determinen los baremos objetivos para quiénes van a tener plaza.

Rafael Rubio, doctor en Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, considera que tanto en la Constitución como en las leyes educativas, socialistas o no, se garantiza la libertad de enseñanza y ello se vincula al artículo 27 de la Carta Magna.

"La libertad de enseñanza forma parte indispensable del derecho fundamental", ha especificado Rubio.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, José Manuel Vera, ha explicado que con carácter general "cualquier conculcación del derecho a la libertad de elección sería siempre negativa, cuanto más libertad exista es en positivo".

Ello "independientemente de la aplicación o interpretación que se quiera desarrollar por parte de la Constitución".

"Lo que no se prohíbe se permite", recalca Vera, que señala que "el principio de libertad y el principio de no exclusión posibilita que por supuesto se puedan tener diferentes tipos de elección educativa".