EFEBogotá

El Gobierno colombiano presentó hoy una nueva política integral de lucha contra las drogas que se sustentará en cinco pilares con los cuales se busca no solo reducir la oferta sino también el creciente consumo de estupefacientes en el país.

Esos pilares son: la disminución del consumo de drogas, el ataque a la oferta, la desarticulación de las organizaciones criminales, la afectación a las economías y rentas del crimen organizado y la transformación de territorios hacia economías lícitas.

Con esto, el Gobierno espera disminuir los cultivos de coca en el país, que aumentaron un 17 % en 2017 y alcanzaron un récord de 171.000 hectáreas, 25.000 más que en el año anterior, según un informe presentado en septiembre pasado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

"Por primera vez estamos viendo en una política de esta naturaleza la integración de puntos de vista que van desde la salud pública hasta la lucha efectiva y focalizada contra las distintas manifestaciones del crimen", dijo el presidente colombiano, Iván Duque, tras concluir una reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes.

Con el nuevo plan, llamado "Ruta Futuro", se "busca reducir el consumo de drogas en Colombia", según explicó Duque, quien agregó que "para nadie es un secreto que en nuestro país viene creciendo de manera peligrosa el consumo de estupefacientes desde edades muy tempranas".

En ese sentido el ministro de Defensa, Guillermo Botero, recalcó en su cuenta de Twitter que "es la primera vez que Colombia cuenta con un documento integral de política pública contra las drogas ilícitas" en la que se articula la fuerza pública con la sociedad civil y que redundará en una mejor calidad de vida para los jóvenes.

Duque indicó que el primer pilar, de disminución del consumo, contempla una estrategia de prevención dirigida a padres, docentes y jóvenes "que incluirá múltiples componentes para reducir la vulnerabilidad y promover la inclusión social, desde un enfoque de salud pública".

Según datos de la Presidencia, entre 2013 y 2016 el porcentaje de adolescentes de entre 12 y 17 años que consumieron drogas ilícitas pasó del 4,3 al 8 %, mientras que en la población universitaria, de 18 a 24 años, la proporción de consumidores pasó del 8,21 % en 2013 al 20,77 % en 2016.

Datos de la Encuesta Nacional de Consumo indican que la sustancia más usada en Colombia es la marihuana, seguida de la cocaína, el basuco, el éxtasis y las sustancias inhalantes.

Adicionalmente a eso, el consumo de drogas sintéticas está aumentando y en el país se han identificado ya 32 nuevas sustancias psicoactivas.

Para atacar la oferta de drogas, segundo pilar, se incluyeron medidas que abordan de manera integral el mercado de sustancias químicas mediante el control en la importación, venta y uso en el país y puertos de entrada.

En esa dirección se promueve un marco de corresponsabilidad con los países productores de estas sustancias, con el fin de fortalecer los mecanismos de control y el intercambio de información estratégica a través de canales de cooperación bilateral y regional.

Igualmente se incrementaron los Grupos Móviles de Erradicación, con lo cual entre agosto y octubre pasados fueron destruidas 17.968 hectáreas de hoja de coca.

Para desarticular las organizaciones criminales, el plan las clasifica en tres categorías (A, B ó C), según su presencia territorial e impacto en la seguridad ciudadana.

De esta forma, en el nivel A fueron incluidas las grandes bandas criminales del país, como el Clan del Golfo; el reducto de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL), conocido como "Los Pelusos", y otra llamada "Los Puntilleros".

"Se fortalecerán los mecanismos de extradición con especial énfasis en los cabecillas de estas organizaciones y los principales actores del narcotráfico", se explica en la estrategia.

En el cuarto pilar, que busca afectar las economías y rentas del crimen organizado, el plan ataca la amenaza del lavado de activos y fortalece la extinción de dominio de bienes adquiridos con dineros ilícitos.

También se tratará de "romper las cadenas logísticas y fortalecer los mecanismos para detectar y desarticular las redes de lavado de activos".

Por último, con el plan se pretende que los territorios más afectados por los cultivos ilícitos conviertan sus actividades en economías legales, pues los municipios con cultivos de coca tienen un índice de pobreza multidimensional rural de 54,7 %, un 15 % mayor al promedio de aquellos no productores.

"Esta política descansa sobre un pilar fundamental y es la transformación del territorio para crear oportunidades de desarrollo, en un tránsito hacia la legalidad", concluyó Duque.