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La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 96 años de prisión a Pedro Luis Gallego, conocido como el "violador del ascensor", por tres delitos de agresión sexual -dos de ellos continuada- y dos de detención ilegal cometidos entre finales de 2016 y 2017 cerca del Hospital de La Paz de la capital.

El límite máximo de cumplimiento de la pena será de 25 años, destaca en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque en la sentencia se determina que para aplicarle beneficios penitenciarios se tendrá en cuenta la totalidad de la pena.

Gallego, de 59 años, cometió los crímenes tras salir en 2013 de prisión, después de haber sido condenado en los noventa a 273 años de cárcel por el asesinato de Leticia Lebrato, de 17 años, en Valladolid, y de Marta Obregón, de 19, en Burgos, además de por otras dieciocho agresiones sexuales.

En el juicio, celebrado a principios de mes y en el que la Fiscalía pedía para él los 96 años de prisión a los que ha sido condenado, Gallego se confesó culpable y se presentó como una víctima de sí mismo: "Tengo un impulso que no puedo controlar".

En la sentencia hecha pública este lunes se considera probado que, entre el 16 de diciembre de 2016 y el 14 de abril de 2017, Pedro Luis Gallego asaltó de manera violenta a cuatro jóvenes a punta de pistola con el propósito de obligarlas a violarlas, llegando incluso a raptar a dos de ellas y llevarlas a un domicilio de Segovia para agredirlas sexualmente.

Se le condena por dos delitos continuados de agresión sexual, otro de agresión sexual, dos delitos de detención ilegal, otros dos de intento de detención ilegal, junto con dos delitos de lesiones y dos de robo con violencia.

Su confesión en el juicio oral, junto con a las numerosas pruebas recabadas, los informes de ADN de las víctimas y sus testimonios, han sido suficiente para alcanzar el criterio condenatorio, según el tribunal.

Según el relato de hechos probados, cerca de la medianoche del 16 de diciembre de 2016 Gallego abordó con una pistola a una joven de 17 años a la que trató de arrastrar hacia su coche, pero no logró sus pretensiones por la presencia de otros viandantes en la zona.

Tres días después, también cerca de la medianoche, encañonó con la pistola a otra chica, la llevó hasta su coche, le tapó los ojos, le ató las manos y la tumbó en la parte trasera del vehículo para llevarla hasta Segovia, donde la violó hasta en cinco ocasiones. Al día siguiente la devolvió a Madrid.

El 2 de abril de 2017, de madrugada, volvió a intentar introducir por la fuerza en su coche a otra joven, que logró huir, pero doce días más tarde repitió su brutal proceder y logró su propósito.

Atada y con los ojos tapados, se llevó a una joven hasta una gasolinera de Las Rozas (Madrid), donde la agresión sexualmente, y después continuó hasta Segovia, donde volvió a violarla. Al amanecer la dejó abandonada en una calle de Madrid.

En la sentencia se subraya la importancia del testimonio y el trabajo de la funcionaria de la Policía Nacional que inició la investigación de los hechos tras la denuncia de la segunda víctima.

Los agentes relacionaron la violaciones que otras denuncias que habían quedado en meros robos con violencia y centraron sus pesquisas en un Toyota blanco, pero la DGT les informa de que hay 75.000 coches de este tipo matriculados en España.

Comienzan entonces a cruzar datos de matrículas y detectan un Toyota en la zona de actuación que está a nombre de un hombre al que descartan, pero comprueban que es cuñado de Gallego, con graves antecedentes y que años atrás había cometido sus delitos utilizando un Fiat, primero de su padre y luego de su cuñado.

Gracias al dispositivo de vigilancia, en el que se autorizaron balizas de seguimiento, se localizó la vivienda de Segovia que habían descrito las víctimas. En el registro del Toyota y de la casa se hallaron bridas y las prendas de vestir que las mujeres habían descrito, y un barrido de su teléfono -que estaba a nombre de su sobrina- reveló sus viajes entre Madrid y Segovia.

En la sentencia, que puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se le impone también el pago de indemnizaciones por un importe total de más de 141.000 euros para sus víctimas por las lesiones y los daños que les causó.