EFELas Palmas de Gran Canaria/Madrid

El Defensor del Pueblo señala en su informe sobre la crisis migratoria de Canarias las deficiencias que aprecia en la red de acogida y los procedimientos de atención y asilo y también advierte de que "no puede convertirse a determinadas zonas costeras del sur de Europa en lugares de privación derechos" con el argumento de "evitar el efecto llamada".

Fernández Marugán cita en este punto "las restricciones a la libre circulación" que sufren solicitantes de asilo e inmigrantes con orden de devolución pendiente de ejecutar que intentan desplazarse al resto de España desde las islas, pero a lo largo de su documento señala problemas e irregularidades en otros muchos ámbitos.

"El sistema de acogida en Canarias, tanto de personas en situación irregular que por distintos motivos no han sido expulsadas, como de solicitantes de asilo, no tiene capacidad para atenderlas en centros residenciales adecuados", expone el Defensor en el análisis que ha entregado a las Cortes Generales sobre la crisis migratoria de 2020.

Por ello, cree "imprescindible" que "sin más demora" se exploren en Canarias fórmulas como la de confirmar "por escrito" a los extranjeros que todavía no pueden ser expulsados que su orden de retorno "no se ejecutará temporalmente", para ayudar a que salgan "de las situaciones de precariedad y marginalidad en la que con frecuencia se encuentran" y gestionar "con racionalidad" la red de acogida, sin convertirla "en campamentos donde los ciudadanos extranjeros esperen sine díe" a que los deporten.

El problema, relata, no está solo en la llegada masiva de inmigrantes durante 2020, año que es el segundo más alto de la serie histórica en las islas, con 23.023 personas, sino también en el punto de partida: pese a su experiencia en el pasado con este fenómeno, la reactivación de la Ruta Atlántica sorprendió a España con solo 78 plazas de acogida en Canarias.

En su análisis de lo que lo sucedido en esta crisis, Fernández Marugán describe cómo "ha colapsado la capacidad de acogida" en un territorio como Canarias y en unas circunstancias nuevas como las que imponía el contexto de pandemia, pero también examina las actuaciones de muchos de los actores implicados: desde las administraciones a las ONG, pasando por la Policía o los abogados.

Y sus comentarios atañen a todo tipo de ámbitos: a la protección de los menores, al derecho al asilo, a las condiciones de los campamentos, al respeto al límite de 72 horas de detención, a la asistencia letrada, a la sanidad, a cómo se han hecho algunas cuarentenas o al desamparo de las familias de los desaparecidos.

Algunas de las objeciones se Fernández Marugán al respecto ya son conocidas, porque, por ejemplo, condujeron al cierre del campamento de Arguineguín, donde llegaron a amontonarse más de 2.500 personas, pero otras no las había expresado hasta ahora en público. Estos son algunos de los episodios que relata en su informe:

ARGUINEGUÍN: TOTAL HACINAMIENTO

Los inspectores del Defensor del Pueblo que visitaron el campamento de Arguineguín el 16 de noviembre se encontraron a personas sometidas a "una situación de total hacinamiento, lo que impedía el cumplimiento de las más mínimas normas de distanciamiento social que exige la situación de alerta sanitaria", sin "condiciones mínimas de higiene", sin tiendas o carpas para que todos durmieran a cubierto o tuvieran sombra, con ropa "sucia e inadecuada" y bajo un régimen de comidas que exclusivamente consistía en bocadillos y agua.

En esa visita, se comprobó que 80 personas con diagnóstico de covid-19 (PCR positiva) seguían en el muelle, a pesar de que la cantidad de personas allí alojadas (llegó a superar las 2.500) hacía muy difícil guardar distancias para evitar contagios.

¿72 HORAS DETENCIÓN? 13 DÍAS EN EL MUELLE

El Defensor del Pueblo admite que no pudo determinar "cuántas personas" permanecieron en el muelle de Arguineguín más de las 72 horas que la ley estipula como límite al tiempo de detención, pero sí tiene claro que ese margen se superó de forma reiterada. De hecho, sus inspectores hablaron con inmigrantes cuyas órdenes de devolución acreditaban que llevaban allí al menos 13 días.

El problema se reprodujo después en Barranco Seco, cuando el nuevo centro de acogida temporal de extranjeros de las afueras de Las Palmas de Gran Canaria tomó el relevo al muelle de Arguineguín.

En cambio, también hubo buenas prácticas que el Defensor reconoce como tales: en el CATE de Adeje (Tenerife), la Policía buscó una solución para los inmigrantes que superaban las 72 horas detención y no tenían aún asignado un recurso de acogida: permitirles entrar y salir libremente mientras seguían allí "por razones humanitarias".

EL HIERRO, CUARENTENAS DE NUNCA ACABAR

Los inmigrantes que llegaron a la isla de El Hierro se quejaron varias veces de que encadenaban una cuarentena detrás de otra. El Defensor explica por qué: compartían espacio grupos diferentes; por ejemplo, 100 personas que habían llegado en pateras distintas. Algunos habían terminado la cuarentena, otros la empezaban.

Eso ocurrió en el polideportivo de Valverde; mientras que, en el Aula de la Naturaleza de El Pinar, la propia estructura de la edificación y el número de personas acogidas "impedían" que se cumplieran los protocolos de prevención de contagios de covid-19.

3.200 AFRICANOS EN EL CATE DE TENERIFE. NI UNO PIDE ASILO

Aunque no ha sido la isla con más llegadas en esta crisis, Tenerife también tuvo una notable afluencia de inmigrantes en 2020, fundamentalmente subsaharianos. Por el CATE del sur de la isla pasaron el año pasado 3.200 personas, de ellas 514 menores y 108 mujeres. La mayoría eran senegaleses, malienses y gambianos.

El Defensor visitó esas instalaciones el 19 de noviembre y un hecho llamó su atención: en todo 2020, allí no se registró "ni una sola" solicitud de protección internacional o asilo. De hecho, el informe deja constancia de que en un año en el que llegaron a Canarias 23.023 africanos, apenas pidieron asilo en las islas 300 de ellos (189 de Mali, 74 de Marruecos y 32 de Senegal).

En varias ocasiones, los inmigrantes entrevistados por los técnicos del Defensor se quejaron de que no se les informó de su derecho a pedir protección internacional o de que ellos intentaron iniciar los trámites, pero recibieron largas y evasivas.

¿ASISTENCIA LETRADA INDIVIDUAL O AL POR MAYOR?

La ley dice que el inmigrante sometido a un expediente de devolución tiene derecho a que le asista, en su lengua, un letrado que le informe de sus derechos y se interese por su caso, individualmente; algo "elemental", recuerda el Defensor, para que el sistema de garantías "funcione de manera correcta".

Sin embargo, en Arguineguín, continúa Fernández Marugán, se impidió el paso "durante meses" a los abogados y, cuando se les permitió acceder, no dispusieron de las condiciones mínimas para entrevistarse a solas con sus clientes. Es más, algunos policías pedían a los abogados que atendieran a los inmigrantes en grupo.

En esas circunstancias, critica el Defensor, también hubo letrados que "se limitaron a convalidar con su firma la resolución de devolución" o "atendieron" de siete en siete a los inmigrantes "sin proporcionar ninguna información adicional a la ofrecida por los policías".

Las críticas en este punto del Defensor del Pueblo no solo se dirigen a algunos comportamientos policiales o a una falta de medios que no niega, sino también a la actitud de los propios letrados, que tienen "la obligación de exigir la existencia de unos medios que permitan proporcionar dichas asistencias en condiciones mínimas".

No obstante, no siempre fue así: varios letrados de Tenerife se quejaron a su oficina de que la Policía pretendió que notificaran el acuerdo de expulsión de forma colectiva a dos grupos de 144 y 177 inmigrantes, sin entrevista previa y con un solo intérprete.

CUANDO EL INTÉRPRETE ACONSEJA A UN MENOR QUE NO DIGA QUE LO ES

A lo largo de su informe, el Defensor subraya varias deficiencias en la detección de los menores entre quienes llegan en las pateras o en el trato que se les dispensa, a veces mezclados con adultos.

Entre otras, cita algunos episodios que atañen a una misma intérprete oficial, sobre la que recibió quejas en centros diferentes por su trato y la información que ofrecía a los chicos. Por ejemplo: "En uno de los centros de acogida humanitaria visitados en Tenerife, un numeroso grupo de presuntos menores coincidieron en relatar que la citada intérprete les había indicado que no debían declararse menores de edad".

SOLICITANTES DE ASILO BLOQUEADOS CON EL SUPREMO DE SU LADO

El Tribunal Supremo ha establecido en su jurisprudencia que un solicitante de asilo tiene libertad para circular por todo el territorio de España, recuerda Fernández Marugán. Sin embargo, denuncia, se les siguen poniendo trabas y, en Canarias, la Policía les hace creer que no pueden salir de las islas "si no notifican con carácter previo que cuentan con un domicilio en la península".

Lo mismo se hace con inmigrantes que no han sido aún repatriados y pretenden volar con su pasaporte, sobre todo marroquíes y senegaleses. Con frecuencia, se quejan de que la Policía simplemente los retiene en el aeropuerto durante seis horas y pierden el vuelo, detalla el Defensor, que reconoce que le "preocupa" cuál es "la cobertura legal para las identificaciones de ciudadanos documentados dentro del territorio nacional".

OENEGÉS CON MÉRITO, PERO A LAS QUE EVALUAR

Fernández Marugán expresa en varias ocasiones su reconocimiento al trabajo de las oenegés en las que el Estado ha "delegado" la acogida y atención de las personas que llegan en patera, entre ellas, singularmente, a Cruz Roja, que gestiona la mayoría de las plazas.

"Representan sin duda, junto a la labor anónima de muchos ciudadanos canarios, la mejor cara de la sociedad española", concede. Sin embargo, añade, "una evaluación racional de las políticas públicas ha de llevar aparejado un sistema de supervisión de las entidades que gestionan fondos públicos".

El Defensor admite que no le corresponde "juzgar" la decisión de la Administración de apoyarse en las ONG para la acogida, "pero sí supervisar que la opción elegida sea eficaz y proteja de manera adecuada los derechos de estas personas".